El alquiler forzoso de pisos vacíos bloquea el Pacto por la Vivienda

Una de cal y otra de arena. Cuando el miércoles el Pacto por la Vivienda parecía más cerca que nunca por la adhesión de los promotores, el Gobierno no logró ayer llegar a ningún acuerdo con CiU. El principal escollo que se debe salvar es el alquiler forzoso de viviendas vacías que prevé la Ley por el Derecho a la Vivienda. Mientras, UGT y CC OO exigen, antes de firmar, saber al detalle qué ha acordado el Gobierno.

Ya falta menos, pero todavía no hay consenso. Es la sensación general ante la larguísima negociación que mantienen los representantes del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda y los agentes que buscan sumarse a un pacto cuyo punto más ambicioso es construir 160.000 pisos sociales en 10 años. Pero la cocina del pacto es inseparable de la que afecta a la ley que se está tramitando en el Parlament, de ahí que los avances se produzcan con cuentagotas.

El pasado miércoles los promotores se sumaron al pacto tras conseguir que la ley rebaje las condiciones en las que deben construir pisos sociales en centros urbanos. El escollo es ahora el alquiler forzoso de pisos vacíos que prevé la ley y que, en la oposición, CiU ha calificado reiteradamente de "irrenunciable". "No hay acuerdo, las posiciones son las mismas que antes del verano y los negociadores [los diputados Carles Sala y Felip Puig] se han emplazado a una nueva reunión la semana que viene", indicaron ayer fuentes de CiU próximas a la negociación. Estas mismas fuentes, al igual que un portavoz de Medio Ambiente y Vivienda reconocieron que además del alquiler forzoso, "hay otros puntos de desacuerdo". Aun así, ambas partes mantienen que las conversaciones "van muy bien" y que existe una "gran voluntad de acuerdo".

Detalles de lo acordado

Mientras, los sindicatos UGT y CC OO exigieron ayer saber exactamente qué está acordando el Gobierno con cada una de las partes con las que negocia antes de sumarse al pacto. Por parte de CC OO, la responsable del área socioeconómica, Dolors Llobet, considera "que no es de recibo que el Gobierno negocie con cada parte por separado" y apunta que antes de cerrar el pacto debería celebrarse una reunión "entre todos los agentes para poner en común las cuestiones fundamentales acordadas por cada uno". "No vamos a dar un cheque en blanco, queremos todas las cartas sobre la mesa", indicó.

En UGT, la secretaria de Política Institucional, Eva Granados, celebra que el plazo de calificación de las viviendas protegidas se haya rebajado de 90 a 30 años -la principal exigencia del sindicato-, pero condiciona su postura "a ver todos los papeles cuando finalice la ronda de contactos bilaterales" entre el Gobierno y cada interlocutor. La representante de UGT se refiere a la redacción definitiva de la ley que está en el Parlament y que ha ido cambiando a medida que se negociaba el pacto. Con todo, Granados se muestra satisfecha del inmediato consenso. Incluso teniendo en cuenta que el Gobierno ha rebajado sus planteamientos iniciales por la presión de los promotores. "Tiene mucho valor movilizar al sector privado", afirma.