El PSE exige un pleno mensual de control de la actividad de la Diputación de Vizcaya

El PSE pretende que las Juntas Generales de Vizcaya cuenten el próximo enero con un nuevo reglamento que agilice su actividad, con medidas como un pleno mensual de control de la Diputación. El secretario general de los socialistas vizcaínos, José Antonio Pastor, reclamó ayer acabar con la "enorme desproporción" entre la capacidad de decisión del Ejecutivo foral y la "escasísima capacidad de control real" de las Juntas. El PNV, en minoría, ya ha permitido a la oposición modificar la organización en las Juntas con más liberados y cambios en las comisiones.

Las Juntas vizcaínas aprobaron su primer reglamento en 1984, que fue sustituido por otro documento 11 años después. Los cambios no fueron entonces de calado y se limitaron a cuestiones como adaptarse al mayor número de apoderados, regularizar el acceso a la Casa de Juntas de Gernika o la presencia de los miembros de la Diputación en las comisiones. Los partidos de la oposición han reclamado en las últimas legislaturas una reforma profunda para que las Juntas, una institución prácticamente desconocida por los vizcaínos, según reflejan las encuestas realizadas, tengan un papel mucho más activo. En la anterior legislatura, el PSE ya planteó una propuesta de modificación del reglamento, pero no se llegó a tratar.

Con el nuevo curso político, los socialistas (14 junteros, frente a los 23 del PNV, ocho del PP, tres de Ezker Batua y uno, respectivamente, de EA, Aralar y ANV) quieren forzar un cambio profundo y urgente del reglamento. Pastor, portavoz además de su partido en el Legislativo provincial, anunció que solicitará formalmente la modificación para que esté en vigor el próximo mes de enero. Las Juntas "deben recobrar su función efectiva después de varias legislaturas de mayoría absoluta nacionalista", enfatizó.

"Escasísima capacidad"

El PSE, que el miércoles pasado reunió a su grupo juntero y su ejecutiva para definir este planteamiento, adelantó que la primera novedad del reglamento sería la celebración mensual de un pleno de control en que el diputado general informe de la gestión de su gobierno y las empresas y sociedades forales. Este tipo de pleno no existe ni en las otras dos diputaciones ni en el Parlamento vasco, donde el control se realiza a través de preguntas e interpelaciones.

"Se ha terminado la comodidad de gobernar bajo una vigilancia testimonial de las Juntas Generales, porque la Diputación es una institución democrática", recalcó Pastor.

El dirigente socialista opinó que, hasta ahora, los nacionalistas se "han empeñado activamente" en minimizar la labor de la Cámara vizcaína para "evitar que pudiera convertirse en un órgano efectivo en el que sus dirigentes forales pudieran encontrarse con preguntas incómodas o ante las que tuviesen que explicar detallada y previamente sus decisiones".

A su juicio, existe una desproporción entre "la enorme capacidad de decisión" de la Diputación y la "escasísima capacidad de control real" que sobre ella ejerce la Cámara de Gernika. Junto al pleno mensual, el PSE propone crear una comisión específica de control y evaluación del cumplimiento de los presupuestos forales y darle un funcionamiento "mucho más activo" a las comisiones.

Pastor aseguró que los grupos junteros de la oposición coinciden en abordar una reforma. "Si el PNV se suma, mejor, pero ya existe una mayoría de la Cámara para que se haga pronto", enfatizó.

A finales del pasado julio, la oposición propinó el primer varapalo de este mandato al PNV al aprobar cambios de funcionamiento interno en las Juntas Generales. Socialistas, populares y EB consiguieron, con el voto en contra de los peneuvistas, la ampliación del número de liberados: esta legislatura habrá 22 sobre un total de 51 junteros, nueve más que en la anterior. Además, cada comisión tendrá 12 miembros y se incrementan los apoderados con dedicación exclusiva: el PNV tendrá cinco; el PSE, 3; el PP, 2 y uno Ezker Batua. El Grupo Mixto, formado por EA, Aralar y ANV, contará con un portavoz y un liberado, cargos que serán desempeñados por turnos.

Este acuerdo motivó el enfado del PNV, que acusó a Ezker Batua, partido con el que intentó alcanzar un acuerdo de gobierno, de conformar un nuevo tripartito y calificó su actitud de "desleal".