El PSE advierte a PNV y EA que deberán acercarse a su postura
El proyecto del Impuesto de Sociedades aprobado por la Diputación sólo se hará realidad si el PNV y EA logran el respaldo de un tercer partido en las Juntas Generales, donde carecen de mayoría absoluta. Aunque el diputado general, Markel Olano, dijo ayer que está abierto a la negociación con todos los grupos y que no la circunscribe a ninguno en particular, lo cierto es que los ojos de los socios de gobierno foral están puestos en el PSE.
El grupo socialista propuso en su programa de gobierno un tipo general del 32,5%, como el vigente este año en el resto de España, aunque en los últimos días viene diciendo que estaría dispuesto a apoyar un gravamen nunca inferior al 30% si la norma prima los aspectos más sociales. Ahora que se acerca el momento de la negociación, su portavoz, Miguel Buen, se hace de rogar.
"No vamos a ser inflexibles, pero también debemos afirmar con rotundidad que, siendo la primera fuerza política en Guipúzcoa y habiendo defendido un tipo general del 32,5%, corresponderá a los partidos que no ganaron las elecciones acercarse al máximo a la postura que votó mayoritariamente la ciudadanía", subrayó ayer Buen.
La representante del PP en la cámara guipuzcoana, Regina Otaola, tachó de "muy grave" que
Olano haya "cedido a la cabezonería de EA". Esta formación, según sostuvo, "trata de sacar partido de la debilidad del PNV para imponer a los tres territorios desde Lakua un proyecto que rompe la unidad fiscal". Otaola, cuyo grupo defiende un tipo general del 28%, afirmó que las deducciones por sí mismas "no van a resultar atractivas para el fomento de las inversiones".
Menos servicios sociales
EB y Aralar coincidieron en criticar que se rebajen los impuestos a las empresas, ya que, según destacaron, los al menos 89 millones de euros que dejará de recaudar la Diputación por esta reforma tributaria (el Impuesto de Sociedades representa el 12% de sus ingresos), supondrán una merma de la inversión foral en servicios sociales.
El portavoz de EB en las Juntas Generales, Mikel Izagirre, calificó el proyecto del nuevo Impuesto de Sociedades de "injusto" e "insolidario". Y resaltó que el tipo real que tributan las empresas ronda el 15%, "inferior a la media del IRPF". En la misma línea, la procuradora de Aralar Rebeka Ubera hizo hincapié en que "la presión fiscal está recayendo cada vez más sobre los trabajadores".
El sindicato LAB se sumó a las tesis de EB y Aralar y señaló que la reducción del tipo impositivo "consumará un nuevo recorte de los ingresos fiscales" y de recursos que deberían destinarse a financiar políticas sociales.
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