L'Alcalatén se querellará contra la empresa que originó el incendio

"Si hubiera sido un campesino, a esta hora estaría en la cárcel". Así de elocuente se mostró ayer Gonzalo Centelles, alcalde de Costur, uno de los municipios más afectados por el incendio ocurrido en la comarca de L'Alcalatén. Centelles anunció que los seis ayuntamientos afectados por el fuego, que se inició hace una semana y que todavía no ha sido dado por extinguido, se querellarán contra la empresa a la que, supuestamente, pertenecían los operarios cuyos trabajos originaron el incendio. Según explicó, se trata de una subcontrata de Iberdrola que estaba trabajando en la red eléctrica.

El alcalde de Costur mostró asimismo su extrañeza acerca de que la Generalitat Valenciana no quiera dar el nombre de esta empresa que, por una supuesta negligencia, provocó el incendio. "Que no tengan miedo y digan quiénes son", espetó el alcalde que ha visto cómo han ardido más de 1.700 hectáreas de su término.

Los alcaldes de los seis municipios afectados se reunieron ayer con el consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, que elevó el perímetro de la superficie a la que han llegado las llamas a unas 7.000 hectáreas, de las que 500 son de arbolado. El consejero precisó que, dentro de estos límites, existen zonas a las que no ha llegado el fuego, por lo que la superficie afectada se mantiene en 5.500 hectáreas. Centelles, en representación de los alcaldes, reconoció que existen esas masas verdes dentro del perímetro calcinado pero apuntó que "el hecho de que no se hayan quemado no significa que no estén afectadas".

En cuanto a las sanciones para los presuntos autores del fuego, García Antón desveló que la Administración autonómica ha iniciado un expediente administrativo para investigar la posible existencia de infracción administrativa. Sin embargo, no especificó qué requisitos incumplía la empresa responsable de los trabajos en la red eléctrica. "Se está recogiendo información y parece que sí hubo deficiencias en la actuación", adelantó el consejero, quien no descartó que la Generalitat se persone en el otro procedimiento abierto, en los juzgados, para determinar si existen responsabilidades penales.

Los alcaldes, en boca del de Costur, destacaron la rápida actuación del Consell en cuanto a la aprobación del decreto de ayudas de emergencia para el restablecimiento medioambiental de la superficie afectada, así como de los caminos rurales y cultivos. Así, Centelles sostuvo que, una vez se haya calculado el importe de las ayudas que otorgará el Estado, tras la aplicación del mismo decreto que se fijó para Canarias, estudiarán si son suficientes con el fin de determinar si solicitarán la declaración de zona catastrófica.

En cualquier caso, José Ramón García Antón requirió la colaboración de los ayuntamientos ya que el 95% de la superficie afectada es privada, con lo que la Generalitat precisa de la autorización para efectuar los trabajos, que se realizarán a través de la empresa pública Vaersa. El consejo explicó, además, que a los 4,5 millones aprobados por el Consell se sumará otra cantidad para reparar otro tipo de daños como tendidos eléctricos y conducciones de agua que también han resultado afectados.

Las primeras tareas se centrarán en la limpieza del monte con el fin de que las próximas lluvias no provoquen procesos de erosión. Así, de mantenerse el calendario perfilado ahora, "los trabajos principales del plan de recuperación de estos montes pueden estar finalizados entre los meses de marzo y abril por lo que para la próxima primavera la zona habrá recuperado parte de su paisaje habitual", según dijo el consejero de Medio Ambiente.

De momento, el incendio no ha sido dado por extinguido y probablemente los trabajos no estén culminados hasta mañana.