El TSJA contestará antes de que comience el próximo curso

El objetivo de los recursos presentados por cinco padres ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) es que los jueces suspendan el decreto de la Junta que desarrolla la implantación de Educación para la Ciudadanía el próximo curso. Según informó el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del tribunal andaluz el pasado 21 de agosto, la Consejería de Educación tenía 10 días para presentar sus alegaciones. El TSJA pretende resolver los recursos antes de que comience el curso escolar.

Andalucía es una de las siete comunidades que ha optado por implantar la asignatura este nuevo curso. Las otras son Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña y Extremadura (donde gobierna el PSOE) y Navarra (UPN). El resto lo hará el próximo año.

Andalucía es una de las seis comunidades que impartirá la materia este año

La Ley Orgánica de Educación (LOE) permite ofrecer esta materia en cualquiera de los tres primeros cursos de ESO, pero para este año sólo está aprobado el nuevo currículo de asignaturas en 1º y 3º. Andalucía decidió que fueran los alumnos de 3º de ESO los que estudiaran Educación para la Ciudadanía, por lo que, según la LOE, tiene que empezar a impartirla ya este año. Las comunidades que se habían decantado por ofrecerla en 2º serán las que tendrán que esperar hasta el curso 2008/2009. Los recursos de los padres ante el TSJA y los que amenazan con presentar ante el Tribunal Constitucional alrededor de 7.000 familias rechazan que esta materia sea obligatoria. Aunque la Junta no ha adelantado el contenido de sus alegaciones, probablemente se amparará en que la LOE estipula que esta materia es obligatoria y evaluable.

El presidente de la Junta, Manuel Chaves, ofreció públicamente tras el último Consejo de Gobierno del pasado curso político "un acuerdo de mínimos" sobre Educación para la Ciudadanía al Partido Popular, la Iglesia y las familias que se oponen a la asignatura. Chaves no concretó los términos que barajaba para ese acuerdo.

El Parlamento tendrá que debatir también en septiembre una proposición no de ley presentada por el PP para pedir a la Junta que retrase la puesta en marcha de la asignatura.