El hacha urbanística llega a Estepona

Al alcalde de Estepona (Málaga), Antonio Barrientos (PSOE) se le acumula el trabajo en su segundo mandato. En su nueva etapa se ha descubierto que la ciudad tiene 1.500 expedientes por irregularidades urbanísticas acumulados durante cuatro años y se enfrenta a un conflicto con policías locales y bomberos por haber decidido retirarles los pluses que les concedieron los gobiernos del GIL. Lo último ha sido descubrir que el principal aparcamiento de la ciudad, con capacidad para 800 plazas, lleva dos años abierto sin permiso de apertura ni licencia de primera ocupación. Por el momento, el alcalde no se ha pronunciado sobre ninguno de estos aspectos. Termina sus vacaciones el lunes y ha dejado su móvil a un hombre de confianza.

Los expedientes tienen que ver con pequeñas obras sin licencia más que con urbanizaciones

Las novedades de la última semana ponen de relieve que esta población de 58.000 habitantes censados, y vecina de Marbella, no ha escapado a las irregularidades urbanísticas, ni los manejos de los miembros del Grupo Independiente Liberal (GIL), solo que en su caso, el desorden se está descubriendo de forma más pausada. Entre 1995 y 1999 tuvo como alcalde a Jesús Gil Marín, etapa de la que están pendientes de aclaración en el Tribunal de Cuentas varias operaciones urbanísticas que supusieron una importante pérdida patrimonial para la ciudad.

El concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, niega que la relevancia de las infracciones urbanísticas detectadas sea comparable con las de Marbella, situación que conoce porque fue vocal de Urbanismo del PSOE en la Comisión Gestora "En Marbella se han hecho urbanizaciones ilegales y edificios en zonas verdes, aquí la ilegalidad se sitúa en pequeñas obras levantadas al margen de toda licencia, sobre todo en el centro de Estepona, y la obra en el campo, lo que llaman campitos", explica.

No todos los expedientes son directamente sancionadores, sino que también los hay de ejecución de obras o de ruinas. También entran movimientos de tierra no autorizados, instalaciones incorrectas de publicidad u obras menores sin permiso.

Los expedientes tienen fechas comprendidas entre 2003 y 2007, periodo en el que el municipio fue gobernado seis meses por Rosa Díaz (PP) y el resto por Antonio Barrientos, que le arrebató la alcaldía tras suscribir un pacto de Gobierno con el Partido de Estepona (PES), formado por ex ediles del GIL, e IU. Tras la rúbrica, Barrientos asumió Urbanismo, aunque tuvo como gerentes a un miembro de IU y otro del PES.

En este tiempo no ha habido casos significativos de sanción -si acaso algunos contra grandes empresas- porque los expedientes se abrían, pero nunca llegaban a concluirse. Ahora es necesario reiniciarlos para que no prescriban, algo que ocurre cuando pasan cuatro años desde su apertura. Duarte se ha comprometido a revisar los expedientes -en los dos meses de gobierno ya han instruido 140- y ha anunciado que se acabó la permisividad y que habrá sanciones. Tiene asignados dos policías locales para reactivar la disciplina urbanística que ya han paralizado 29 obras ilegales.

Aunque el desarrollo urbanístico se inició en Estepona más tarde que en otras ciudades de la Costa del Sol, su crecimiento en los últimos años ha sido imparable. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en tramitación contempla más de 80.000 nuevas viviendas, de forma que en una década podría superar los 316.000 residentes.

La decisión del concejal de Personal, Francisco Zambrano, de retirar los pluses aprobados por el gobierno municipal de GIL entre 1995 y 1995, también se presume problemática. El edil ha echado mano de una sentencia que dictó el Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) en 2004, y que no se ha conocido hasta ahora, para justificar la retirada de la retirada de 250 euros mensuales de los salarios de 149 policías locales y 32 bomberos. Los sindicatos han amenazado con iniciar una serie de protestas, como negarse a patrullar con los vehículos que no cumplan los requisitos exigidos.

En el área de Comercio, Cristina Rodríguez, ha ordenado el cierre de dos aparcamientos de la ciudad, con lo que se han restado unas 1.300 plazas de aparcamiento, porque no cumplían los permisos pertinentes. El primero, llamado el Zapatillo, llevaba más de dos años abierto sin cumplir requisitos de acceso o dimensiones de las plazas de aparcamiento. El otro, de nombre La Viña, se inauguró hace un mes con la licencia de apertura en trámite.