Nafarroa Bai e IU apoyarán la moción del PSN para que se pueda abortar en Navarra

Nafarroa Bai e IU, los dos grupos que con los socialistas conforman la oposición en el Parlamento de Navarra, votarán a favor de la moción que el PSN presentará la próxima semana en el Parlamento foral para que las navarras puedan abortar en la sanidad pública de la comunidad en lugar de tener que viajar a regiones limítrofes. El Gobierno navarro, que quedará en minoría si rechaza la propuesta, evitó ayer dar una respuesta. El portavoz del PSN, Roberto Jiménez, avisó a Sanz de que, permitiendo su investidura, le dieron "una oportunidad que tendrá que revalidar día a día".

La propuesta que presentarán los socialistas era una de las políticas recogidas en el pacto de gobierno entre el PSN, NaBai e IU que la ejecutiva federal del PSOE echó abajo obligando a sus parlamentarios a facilitar la investidura de Miguel Sanz (UPN) mediante su abstención. Así lo recordaron los portavoces de los nacionalistas e IU, que aseguraron que votarán a favor cuando la moción se debata en el Parlamento. La iniciativa saldrá adelante, ya que esas tres formaciones suman 26 votos, mientras que el Gobierno de Sanz lo sostienen únicamente los 22 diputados de UPN y los dos de CDN.

Los socialistas advierten de que, en caso de que el Ejecutivo foral rechazara la iniciativa, se crearía "un problema serio". "Una negativa rotunda a normalizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en Navarra condicionaría el apoyo de nuestro grupo", aseguró el portavoz del PSN en el Parlamento navarro, Roberto Jiménez. "En caso de que la Cámara apruebe la moción y el Gobierno la rechazara, se produciría un déficit democrático que nosotros no podríamos tolerar", añadió Jiménez, que recordó que la abstención de su grupo que facilitó la investidura de Sanz, significó darle "una oportunidad que el presidente tendrá que revalidar día a día". "Hablamos de un derecho adquirido y quien quiera ejercitarlo está en su derecho, y lo debe ejercitar en el sitio físico en el que reside, no necesariamente fuera de la Comunidad", concluyó el portavoz.

"Es una propuesta que en Nafarroa Bai teníamos muy clara", explicó el parlamentario de la coalición nacionalista Maiorga Ramírez. "En Navarra existe una demanda aplastante para que las mujeres que lo deseen puedan recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo en su comunidad y por eso lo recogíamos en nuestro programa electoral", añadió. Mediante un comunicado, la coalición transmitió que en Navarra, el aborto legal no se practica no porque los médicos aleguen la objeción de conciencia, como mantuvo la consejera navarra de Sanidad, sino porque "es el propio Gobierno de UPN y CDN el que ha hecho una objeción de conciencia para la que no está legitimado".

Consenso institucional

Los nacionalistas criticaron "la acción deslabazada de los socialistas" y aseguraron que la normalización del aborto debe hacerse efectivo en la comunidad foral "mediante consensos entre las instituciones políticas, sanitarias, profesionales y sociales".

En la misma línea se pronunció el portavoz de Izquierda Unida de Navarra, Ion Erro. "Nos ha sorprendido que la propuesta provenga del PSN ya que fue IU la que la introdujo en el fallido acuerdo programático de gobierno", afirmó Erro que aseguró que de las tres formaciones que negociaron, los socialistas fueron "los que más reparos pusieron a esa propuesta". Para IU también es falso que los médicos navarros se nieguen a practicar abortos. "Más allá de las posiciones más extremas, hay personal sanitario que acepta la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho", añadió el portavoz de IU.

Este periódico intentó obtener la opinión del Gobierno navarro sobre la iniciativa de los socialistas pero ni el presidente ni la consejera de Sanidad quisieron transmitirla por el momento, informó un portavoz.

La presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Eva Rodríguez, consideró "saludable", la propuesta y recordó que, aunque la situación de Navarra es la más grave porque no tiene clínicas especializadas, otras cuatro comunidades (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia) carecen de hospitales públicos que practiquen abortos.