Todos los partidos piden al tripartito que se oponga al depósito de gas en Vinaròs
Nace en la vecina localidad de Alcanar una plataforma local de rechazo a la instalación
El rechazo social que ha generado el proyecto de construcción de un depósito submarino de gas en Vinaròs (Castellón) llegará al Parlament. El PSC ya ha registrado dos preguntas, una dirigida al Ejecutivo y la otra al consejero de Medio Ambiente, para conocer la postura del tripartito con respecto a una instalación ubicada en territorio de la Comunidad Valenciana, pero a menos de dos kilómetros de Alcanar (Montsià). CiU pedirá al Gobierno catalán que rechace el proyecto y lo mismo hará el PP. ICV exigirá que Tarragona quede al margen de proyectos energéticos.
Horas después de que unos 700 vecinos de Alcanar constituyeran la Plataforma en Defensa de las Tierras del Sènia, entidad que dirigirá el rechazo social al proyecto, los principales partidos políticos tomaron ayer posiciones. El diputado socialista Joan Ferran registró ayer mismo dos preguntas parlamentarias con el objetivo de conocer qué piensa hacer el Gobierno catalán con respecto a una instalación que cree contraria a los intereses turísticos de la zona. "El cultivo de los cítricos va muy mal y hay gente que está diversificando hacia el turismo. No creo que esto ayude", dijo.
Según recoge el BOE del 2 de agosto, el proyecto prevé que la empresa Escal UGS aproveche unos antiguos pozos submarinos de petróleo -ahora en desuso- para almacenar 1,9 millones de metros cúbicos de gas. También se construirá una planta transformadora, que se alzaría a menos de dos kilómetros de Alcanar. La planta incluye una torre de 60 metros de altura y dos chimeneas de 50.
El dirigente popular y concejal de Barcelona Alberto Fernández Díaz -que, como Ferran, acude a la zona con asiduidad- denunció ayer la "opacidad y la alevosía" con las que, a su juicio, ha dado luz verde al proyecto el Ministerio de Industria. Fernández exigió que se "paralice" y lamentó el "silencio" de la Generalitat.
En una línea similar se expresó el diputado y líder local de CiU Francesc Sancho, quien recordó el rechazo de las fuerzas que hoy forman el Gobierno catalán al proyecto de central térmica de Enron en Móra la Nova. "Si se acaba haciendo, no serían congruentes", dijo. Sancho vaticinó que, en el caso de que se llegue a construir el almacén de gas en Cataluña, "se quedará con los defectos sin obtener ningún beneficio".
ERC también se opone al proyecto, pero definirá su estrategia en la Ejecutiva regional. El alcalde de Alcanar, Alfons Montserrat, es republicano y, desde la publicación del BOE, ha tratado sin éxito de reunirse con altos cargos de varios departamentos de la Generalitat. Su intención es pedirles ayuda para frenar el depósito de gas. "Es un asunto de incomodidad, olores, impacto visual, salud e inseguridad", señaló el alcalde.
Iniciativa per Catalunya Verds tampoco ve con buenos ojos el proyecto. Daniel Pi, diputado de la formación por Tarragona, afirmó ayer que los gobiernos tienen que empezar a olvidar Tarragona como lugar en el que ubicar instalaciones energéticas porque el territorio soporta ya demasiadas.
Periodo de alegaciones
Fuentes de la Generalitat valenciana aseguraron ayer que el ejecutivo presidido por Francesc Camps agotará el plazo para presentar alegaciones (20 días hábiles desde el pasado día 2), pero avanzaron que se opondrán al proyecto. Quien ya ha presentado alegaciones es el Ayuntamiento de Vinaròs. El próximo viernes lo hará el de Alcanar. La Generalitat, de momento, no ha querido pronunciarse. Fuentes de Medio Ambiente aseguraron que están "esperando la declaración de impacto ambiental" y declinaron dar más explicaciones con el argumento de que el asunto "es competencia del Ministerio de Industria".
El portavoz de la plataforma vecinal, Lluc Ulldemolins, alertó sobre el freno que puede suponer esta instalación para la reconversión de la economía local. "Nuestro futuro pasa por diversificar y hemos optado por el turismo", dijo. Josep Maria Sancho, miembro fundador de la entidad, se mostró convencido de que la presión social y política puede impedir la construcción del almacén. "Aunque se haya aprobado con nocturnidad y alevosía, hemos reaccionado a tiempo", señaló.
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