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Editorial:

Chávez supremo

Hugo Chávez nos tiene acostumbrados desde que llegó al poder hace nueve años a una política demagógica, populista y dirigista que dista mucho de lo que se espera debe ser un gobernante moderno, liberado de doctrinas marxistas superadas o de viejos iconos como Fidel Castro. Es verdad que el líder venezolano llegó a la presidencia gracias al voto y que su última reelección, el pasado diciembre, la logró ampliamente sin irregularidades. Con su anunciado proyecto de reforma de la Constitución, bautizada por él mismo como "bolivariana", repartida en forma de librito minúsculo por todos los rincones y refrendada por el pueblo un año después de que llegara a la jefatura del Estado, el ex militar golpista pretende pura y simplemente perpetuarse en el poder al permitir su reelección presidencial de forma indefinida. "Al menos hasta 2021 y si me responden que no, listo", ha dicho.

Lo malo es que el mandatario juega con las cartas marcadas: el apoyo lo tiene garantizado en la Asamblea Nacional, donde la oposición no cuenta con representación alguna porque boicoteó los últimos comicios legislativos, y también mayoritariamente en la calle, gracias a los ingresos del petróleo, el aumento del gasto público (Chávez pretende ahora acabar con la autonomía del banco central) y la mordaza de quienes osan criticar el chavismo, en primer término, los medios de comunicación críticos con su gestión. Y de eso saben mucho los directivos de Radio Caracas Televisión, a la que el Gobierno venezolano no renovó la licencia para continuar emitiendo en abierto.

Pero aún siendo inquietante que Chávez pueda estar otros 10 años en el palacio de Miraflores, son bastante más preocupantes otros varios artículos de la reforma, que debilitan las propias instituciones del Estado y contemplan una nueva organización social, económica y territorial con innegable tufillo castrista. Un ejemplo de ello podría ser la creación de consejos comunales, obreros, estudiantes y campesinos a los que se les otorgará poder constitucional y que podrían cercenar el de los ayuntamientos. Resulta trasnochado, por otra parte, replantearse hoy en día lo que debe entenderse como propiedad privada en un país teóricamente de libre mercado como es Venezuela. Afirmar que el "poder popular" participará en la gestión de la economía socialista puede caer en el saco de la retórica. Sin embargo, no deja de ser perturbador que la reformada Carta Magna proyecte otorgar al Gobierno poder para ocupar cualquier bien susceptible de expropiación de manera preventiva. Chávez habla de una democracia "participativa", pero sus planes sólo parecen augurar el debilitamiento de la misma con el peligro que eso acarrea.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 20 de agosto de 2007