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Ourense cobrará el 10% real de los suelos comprados por constructoras, que el PP perdonó durante años

Desde el pasado 1 de agosto, el Ayuntamiento de Ourense comenzó a recibir el 10% real de aprovechamiento de los terrenos comprados por constructoras, como recoge el Tribunal Supremo en una sentencia de 2005.

La concejala de Urbanismo de Ourense, la socialista Áurea Soto, lo anunció ayer, dispuesta a dar un "vuelco" a la política que llevaba a cabo el Partido Popular. El anterior gobierno local, denuncia Soto, no recibía para el aprovechamiento del ayuntamiento un 10% de los terrenos adquiridos o su precio equivalente, con el consiguiente beneficio para las empresas privadas.

Después de años de denuncias de la oposición, "hace cuatro años que se aplica", cuenta, pero con irregularidades, según detalla un informe del Consello de Contas. El ayuntamiento comenzó entonces a cobrar el 10% del valor de los terrenos, pero "tasados por debajo" de su precio real, "dando siempre por buena la valoración presentada por el promotor", sin estudios de mercado que garantizaran "la objetividad del valor de repercusión fijado", como señaló en su día el Consello de Contas.

El órgano fiscalizador emitió un informe en el año 2004 sobre el urbanismo del Ayuntamiento de Ourense que alertaba de esta situación. Las arcas del gobierno orensano estaban dejando de recibir unos ingresos "con el correspondiente menoscabo de los recursos patrimoniales locales" e "infravalorándose el aprovechamiento municipal produciendo un perjuicio económico para el ayuntamiento", sostenía Contas.

El ayuntamiento orensano también debía, según el informe, "aprobar y mantener actualizado un inventario municipal de bienes y del Patrimonio Municipal del Suelo (PMS)", registro que no se llevó a cabo.

El órgano ya había especificado en su informe de 2002 una serie de recomendaciones a seguir que el ayuntamiento ignoró, según el propio seguimiento de Contas, "ya que no se garantizaba la objetividad de las valoraciones técnicas, tampoco se había creado el inventario específico del PMS". Además, no se invirtió el dinero abonado por ese 10% del terreno en viviendas de protección oficial, como recomienda Contas, dato importante si se tiene en cuenta que "no se hizo en Ourense una sola vivienda protegida en 12 años", sostiene Soto.

Este hecho supuso, para el actual gobierno de Ourense, "una pérdida constante e importante de patrimonio municipal, de parcelas para hacer equipamientos y no poder financiar el arreglo y adecentamiento de los barrios de la ciudad".

La concejala de Urbanismo aseguró que el nuevo gobierno quiere "romper con esta forma de actuar" y comenzará a aplicar "los criterios del Consello de Contas y de la legislación", por lo que las valoraciones "del 10% municipal se harán de acuerdo con su valor real, de mercado" y se "obtendrá el PMS derivado de los bienes públicos". Además, comenzará a elaborar un inventario de bienes, "imprescindibles para una correcta gestión".

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