Contas aprecia licitaciones amañadas para una empresa que creó el chófer de Louzán

El gobierno local de Ribadumia adjudicó en 2003 más de la mitad de los contratos de obra (301.578 euros) a la empresa Pavimentos de Meaño, creada por el chófer del presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, quien en aquel momento ejercía como teniente de alcalde en ese ayuntamiento. La constructora se llevó los contratos porque las otras dos sociedades que optaban a las adjudicaciones incumplían las bases. El Consello de Contas ha descubierto claras vinculaciones entre Pavimentos de Meaño y las otras dos empresas que concurrían a las licitaciones.

La fórmula la repitieron las tres únicas empresas que concurrieron a seis adjudicaciones distintas del Ayuntamiento de Ribadumia -gobernado por el PP- para construir redes de saneamiento y de abastecimiento de agua. Mientras una de ellas, Pavimentos de Meaño, presentaba una oferta ajustada al pliego de condiciones, las otras dos adjuntaban presupuestos que incumplían flagrantemente las bases. Así es como el ayuntamiento pontevedrés otorgó en 2003 contratos por valor de 301.578 euros a la sociedad creada por el chófer de su teniente de alcalde, Rafael Louzán.

El informe fiscalizador del Consello de Contas ha encontrado vinculaciones directas de las tres constructoras que en teoría competían entre sí. Las dos que incumplieron las bases, Construcciones Caldevergazo, SL y OTC Fontefría, SL, presentaron idénticos números de teléfono y de fax. Además, la responsable que firmó la recepción de las notificaciones municipales remitidas a ambas compañías es la misma persona que también figura como apoderada en Pavimentos de Meaño, SL.

Que las tres sociedades pactaban su concurrencia a las adjudicaciones es más que una sospecha del organismo fiscalizador. En su memoria Contas recuerda que "las obras se adjudicaron directamente por la alcaldía atendiendo exclusivamente al criterio del precio sin que exista en los expedientes informe técnico de valoración de las ofertas y sin que quede acreditado el cumplimiento de los requisitos de capacidad y solvencia". Pavimentos de Meaño acabó incumpliendo las bases del contrato, pero el Ayuntamiento de Ribadumia decidió no imponer las sanciones reguladas en el pliego de condiciones por las demoras en la conclusión de la obra.

El informe de Contas destapa además que el ayuntamiento fraccionó los contratos de saneamiento, alcantarillado, alumbrado y abastecimiento de agua en la parroquia de Santa Eulalia para evitar que el importe total de los trabajos (159.728 euros) le obligase a convocar un concurso distinto de acuerdo con los principios de publicidad y concurrencia. Con los contratos fraccionados, basta con que el Gobierno local elija entre tres ofertas distintas. La intervención municipal no formuló ningún reparo.

De la otra gran adjudicación en el pequeño ayuntamiento pontevedrés se benefició la firma Obras y Construcciones Sisan, SL. Por los proyectos de construcción de los centros culturales de Couto de Arriba y Lois y el expediente de mejoras en el pabellón polideportivo de Barrantes, la entidad local le adjudicó 313.130 euros en contratos durante los ejercicios 2002 y 2003. En los tres concursos el gobierno local solicitó ofertas a Construcciones Sisán, a otra empresa denominada Construcciones Fernández Sarmiento, SL y a una persona física que figuraba como socio fundador y administrador de la propia Construcciones Sisan. Las investigaciones del organismo fiscalizador revelan que otros dos socios fundadores de esta última empresa aparecen en el registro mercantil como apoderado de OTC Fontefría, sociedad cuyo apoderado lo era también de Pavimentos de Meaño.

En varias de estas adjudicaciones fueron determinantes los informes del arquitecto honorífico de Ribadumia, que compatibiliza su función en el ayuntamiento con la de administrador único en dos sociedades dedicadas a la promoción inmobiliaria.

El contundente informe del Consello de Contas destaca que el Tribunal Supremo, ya en 1981, definió la figura del arquitecto honorífico como una "nada jurídica sin encaje en la regulación del personal al servicio de la Administración Local". En el apartado de contratación, la memoria subraya que el ayuntamiento no constituyó el preceptivo Registro Público de Contratos y que se pagaron facturas sin registro de entrada.

El Consello de Contas ha descubierto otras irregularidades en el Ayuntamiento de Ribadumia, hasta el punto de que le advierte de que si persiste en no cumplir con sus obligaciones contables, el propio organismo fiscalizador "adoptará las medidas que estime convenientes para su efectiva e inmediata corrección". Entre esas anomalías, figuran cobros indebidos de la alcaldesa, Salomé Peña, y de un teniente de alcalde.