España formará en África a un millar de trabajadores subsaharianos

Cerca de 1.000 subsaharianos podrán formarse cada año en las 12 escuelas taller que el Gobierno financia en los países de origen y tránsito de los inmigrantes que se juegan la vida en los cayucos: Senegal, Mauritania, Malí, Guinea-Bissau, Gambia, Guinea-Conakry, Ghana y Cabo Verde. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, visitará estos tres últimos países en otoño. Ayer, recién llegado de una visita relámpago a Gambia y Guinea- Bissau, Caldera hizo un entusiasta balance de su gira africana, a la que atribuye buena parte del descenso de la llegada de cayucos: "En lo que va de año han llegado 5.700 inmigrantes ilegales, frente a 15.400 del año pasado. Es el mejor verano desde 2001", señaló.

Cada una de las escuelas-taller acogerá a unos 100 estudiantes por año, con una beca y un salario en prácticas durante el tiempo que dure el curso. Las autoridades africanas escogen las materias a impartir en los centros según el potencial de cada país. Senegal por ejemplo, ha pedido que las escuelas-taller formen a los alumnos en pesca, rehabilitación de edificios y prevención sanitaria. Otros países han solicitado cursos de agricultura, hostelería o construcción. El objetivo es crear una mano de obra cualificada que contribuya al desarrollo de la capacidad productiva de su país o venga a trabajar a empresas españolas con contratos firmados en origen. El Gobierno ha invertido en éste y otros proyectos en el África subsahariana 700 millones de euros desde 2006.

"En España, este tipo de escuelas ha tenido un éxito enorme. En 20 años han favorecido la inserción de medio millón de trabajadores, un gran éxito que queremos extender ahora por África", declaró ayer Caldera en Bissau tras entrevistarse con el presidente del país, el ex guerrillero Nino Vieira. "Además, en esa selección de alumnos, las autoridades africanas darán preferencia a la mujer para favorecer la integración femenina en el mercado laboral", subrayó.

Asentamiento de rumanos

Preguntado por el asentamiento de cerca de 2.000 jornaleros rumanos en el pinar de la Herrera (Albacete), el ministro aseguró que "no es ilegal" y que "la salud y seguridad del entorno están garantizadas", aunque en su opinión "sería conveniente que cuando un empresario contrata a alguien para trabajos de temporada facilite el alojamiento, aunque no sea obligatorio". El alcalde de este pueblo de 400 habitantes, Pablo Escobar (PP), ve "discutible" la legalidad del asentamiento: "En esa zona no está permitido que acampe ninguna persona, sea un francés, un rumano o un español, y las leyes y las normas están para todos", declaró a Efe.

El ministro de Trabajo negó finalmente haber incumplido el acuerdo con Canarias de derivar a la Península a 500 menores inmigrantes acogidos en las islas y criticó a Madrid por no haber aceptado a ninguno. "Nosotros hemos cumplido el acuerdo a rajatabla. Si el PP de Canarias y el señor Rivero convencen al PP de Madrid de que acepte a menores, el Gobierno financiará la estancia", añadió.