División empresarial por la estrategia ante Kirchner

Las empresas españolas presentes en Argentina -con una inversión de 50.000 millones de dólares y la generación de 200.000 puestos de trabajo- están divididas sobre la estrategia a adoptar ante la Administración de Néstor Kirchner que, de acuerdo con las previsiones, estará en el poder al menos otros cuatro años con la probable victoria de Cristina Kirchner en las presidenciales de octubre. Después de cuatro años, los problemas de congelación de tarifas, propiedad y, en ocasiones, abierto hostigamiento, siguen sin resolverse.

Mientras el Gobierno español ha ido endureciendo su discurso (del apoyo incondicional a

Kirchner ha pasado a exigir un "marco estable" para los inversores), las empresas españolas han optado por un abanico de respuestas que van desde la aceptación de las condiciones del Ejecutivo argentino a buscar compradores que les permitan una salida, al menos parcial, del país.

Repsol es el ejemplo de lo primero. Desde hace meses negocia la venta del 25% de YPF al Grupo Eskenazi, propiedad de un polémico empresario amigo de Kirchner. El Gobierno argentino presenta la operación como un éxito y una "argentinización" de la compañía, mientras la multinacional española ha optado por un discurso conciliador como el que hizo ayer en Buenos Aires Enrique Locutura.

Otras empresas como el BBVA, desde Madrid, o Bodegas Fournier, ayer en Buenos Aires, han divulgado su descontento. "Los empresarios españoles no son corsarios ni expoliadores", señaló ayer José Ortega, de Bodegas Fournier. Y un tercer grupo ha optado por preparar la marcha en silencio. La semana pasada viajó a Buenos Aires un equipo de abogados de EE UU que negocia la venta de acciones en Argentina de una importante empresa española a otra de su país.

El clima es tenso y, al contrario de anteriores ocasiones, María Teresa Fernández de la Vega no se reunió ayer a puerta cerrada con las principales empresas españolas, sino que celebró un desayuno con 200 personas, entre empresarios, prensa e invitados. En este ambiente, salvo la intervención de Ortega, los oradores no quisieron hacer públicas sus reclamaciones.

La situación va mucho más allá de la simple discrepancia en el caso de la industria pesquera. Por eso, De la Vega celebró una reunión privada con representantes de empresas de pesca españolas cuyas instalaciones han sufrido daños por saqueos. Las empresas acusan de pasividad y permisividad a las autoridades locales y al Gobierno de Kirchner. En el Sur operan Argenova (Pescanova), Vieira, Empesur, Pescargen, Santa Cruz y Arbumasa. Las firmas expusieron la grave situación a la vicepresidenta. Ésta trató el asunto poco después con Kirchner, que se comprometió a fijar compensaciones y a garantizar la seguridad de las empresas y sus trabajadores.