El gobierno de Ferrol blinda la fraga de Menáncara para impedir que se urbanice

De un plumazo, el gobierno local de Ferrol tumbó ayer dos de los proyectos impulsados por la anterior corporación municipal, al iniciar los trámites para impedir la urbanización de Menáncara y rechazar los presupuestos diseñados por el PP para el 2007. La coalición de socialistas e IU en el gobierno local argumenta que quiere rediseñar las cuentas públicas y reestablecer la legalidad urbanística en la fraga de Serantes para protegerla de futuras ambiciones inmobiliarias. Desde la oposición, PP e Independientes por Ferrol (IF) lo interpretan como una revancha política.

Entre abrazos y vítores, vecinos y ecologistas aplaudieron ayer la decisión del gobierno local de Ferrol de iniciar los trámites administrativos para revocar el acuerdo plenario que autorizaba la urbanización de la fraga de Menáncara, aprobado el 20 de abril por la anterior coalición PP-IF. En los últimos meses, asistieron a prácticamente todos los plenos de la corporación portando pancartas que denunciaban la destrucción de un bosque centenario en el entorno del río Sardiña, en la parroquia de Serantes. "Llevamos dos años luchando y reclamando" manifestó Ramón Regueiro, uno de los vecinos afectados, "para nosotros esto es un éxito". La alegría de los vecinos chocaba con las manifestaciones de la oposición municipal. "Nada les vale, ni los sueldos" replicaba un edil popular para referirse a las últimas decisiones del gobierno de paralizar las obras de la plaza de España y modificar al alza las tablas salariales de los ediles.

La propuesta para anular el Plan de Sectorialización de Menáncara se aprobó ayer en pleno extraordinario con los votos a favor del ejecutivo local y el respaldo del BNG, la abstención popular y la oposición de IF. El líder de la formación, Juan Fernández, que figura como propietario de gran parte de los terrenos que ambicionaba la promotora Bros Noroeste, se ausentó durante el debate aunque permaneció apostado en la puerta del salón de plenos siguiendo el desarrollo de una sesión no exenta de polémica.

El edil de Urbanismo, Ángel Mato, del PSdeG, defendió la necesidad de proteger cuanto antes un espacio natural único que desde el 2000 figura en el planeamiento urbanístico como suelo rústico urbanizable. Desde los bancos de la oposición, el independiente Francisco Pita Romero, impulsor del proyecto en su etapa al frente de la concejalía de Urbanismo, cuestionó la validez jurídica del proceso de anulación, mientras los populares responsabilizaron del entuerto al gobierno autonómico. "Si los informes de la Xunta llegaran a tiempo, hoy no estaríamos aquí", manifestó el popular Guillermo Evia.

Este arquitecto, a quien Juncal sitúo como responsable de Urbanismo en el lugar de Pita Romero, aprobó el Plan de Sectorialización de Menáncara por silencio administrativo a despecho del criterio de Medio Ambiente y Política Territorial, que emitieron, fuera de plazo, hasta tres informes desfavorables en contra de un proyecto que pretendía edificar 69 chalés adosados y pareados sobre el corazón de la fraga. La Xunta advirtió que el impacto de la urbanización sería "irreversible" y en julio requirió formalmente la revocación de un plan, que según Ángel Mato, se aprobó sin el correspondiente informe de evaluación de impacto ambiental.

La decisión del gobierno de Irisarri de rechazar los presupuestos de la anterior corporación para 2007 tampoco sentó nada bien en las filas populares. Desde los bancos de la oposición acusaron al ejecutivo local de servirse de un "capricho" para "dilapidar" varios meses de trabajo en el área económica del ayuntamiento con una política de "tierra quemada". El anterior alcalde, Juan Juncal, defendió el "realismo" de unas cuentas que superaban los 48 millones de euros y que se aprobaron inicialmente a principios de mayo, veinte días antes de los últimos comicios. Juncal acusó a Irisarri de pretender "demonizar todo lo que tiene que ver con el gobierno anterior" mientras el concejal de Hacienda, Ramón Veloso, responsabilizó al ejecutivo anterior de reflejar en las cuentas públicas "un falso crecimiento" presupuestario.

El edil socialista sostiene que el documento económico elaborado por el PP era una "prórroga encubierta" de las cuentas del 2006. Denunció, además, que en el último mandato no hubo "un control exacto del gasto público" y recordó que el municipio está abonando los intereses de varios créditos aún sin invertir. El gobierno finalizará el presente ejercicio con una nueva prórroga sobre los presupuestos del año anterior para iniciar el diseño de otro documento económico para 2008, previsto para octubre.