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Editorial:

Tropas para Darfur

La autorización unánime por el Consejo de Seguridad de una fuerza mixta de pacificación para Darfur, que con un total de 26.000 soldados y policías intentará detener las atrocidades que con el beneplácito de Jartum vienen cometiéndose en el vasto territorio sudanés desde hace cuatro años, es una noticia largamente esperada. Pero la decisión del máximo órgano de la ONU, que se complementa con un intento para facilitar la negociación entre los divididos rebeldes y el Gobierno sudanés, no representa en sí misma más que el comienzo de un largo proceso sembrado de dificultades y cuyo objetivo, pese al gasto de 2.000 millones de dólares previsto en el primer año, dista de estar garantizado.

Ya han comenzado las divergencias sobre su interpretación. Mientras para las potencias occidentales más implicadas en la negociación está claro que autoriza el empleo de la fuerza para proteger a los civiles, víctimas propiciatorias del genocidio, los representantes del país africano afirman que la resolución no representa un cheque en blanco y que la jurisdicción final de Jartum está fuera de duda. Sudán, que ha prometido esta vez su colaboración, lleva años burlándose de la ONU e impidiendo con los argumentos más indecentes un despliegue de tropas eficaz que sustituya a los inoperantes 7.000 soldados de la Unión Africana en Darfur, una de las grandes tragedias enterradas de nuestro tiempo. Alrededor de un cuarto de millón de personas han muerto y más de dos millones han huido de sus chozas en este territorio desértico mayor que España, víctimas de la represión del Gobierno sudanés y sus vicarias milicias árabes. En Darfur se están perpetrando algunas de las mayores vilezas de nuestro tiempo, que han movilizado a la Corte Penal Internacional.

La resolución de la ONU no es la primera sobre Darfur. Hace un año que el Consejo aprobó una muy similar, que nunca llegó a arrancar por el torpedeamiento sistemático de la dictadura sudanesa.

La redacción actual se ha limado hasta extremos peligrosos para complacer al régimen africano. Ha desaparecido la amenaza de sanciones y las tropas que se desplieguen en la región no podrán incautarse de las armas ilegales en poder de unos y otros. Por todo ello sería ingenuo hacerse demasiadas ilusiones. Aunque es mejor tarde que nunca, calificar de "éxito histórico", como ha hecho Ban Ki-moon, una decisión que, en el mejor de los casos, llevará cinco años después una fuerza disuasoria al escenario de una tragedia de dimensiones planetarias es, cuando menos, una indecorosa hipérbole.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 2 de agosto de 2007