Los países del Este cuestionan los planes ambientales de la UE

Los ambiciosos planes de Bruselas para luchar contra el cambio climático se han topado con la reticencia de los países del Este de Europa, que no están dispuestos a sacrificar su crecimiento económico para luchar contra el calentamiento del planeta. Hasta seis de los nuevos miembros de la Unión Europea han decidido llevar ante la justicia europea los planes de comercio de emisiones de gases contaminantes comunitarios que fija Bruselas para cada país.

Los países del Este consideran que el ambicioso plan medioambiental comunitario limita su desarrollo frente a los antiguos miembros de la Unión. "Resultará muy difícil reducir la desigualdad entre los nuevos y los viejos miembros de la UE con estas obligaciones de reducción de emisiones", indican fuentes diplomáticas polacas.

Los 10 nuevos miembros pelean, además, para negociar a la baja las reducciones de emisiones a las que deben comprometerse a partir de 2012, fecha en la que expira el Protocolo de Kioto. "Si queremos ser líderes en la lucha contra el cambio climático, no podemos dar una imagen de división", explica Barbara Helfferich, portavoz europea de Medio Ambiente.

Fuentes diplomáticas comunitarias no ocultan el malestar ante la actitud de los nuevos socios, que "se han dado cuenta de su fuerza cuando actúan como bloque. En las negociaciones ambientales utilizan los mismos argumentos que los países en desarrollo o que China: de ricos frente a pobres".

Mediante el sistema de comercio de emisiones, puesto en marcha en 2005, Bruselas adjudica a los Gobiernos una serie de derechos de emisión de dióxido de carbono que, a su vez, las capitales distribuyen entre las industrias. Si los empresarios exceden el máximo permitido deberán comprar en el mercado nuevos derechos de emisión. Este coste económico es el que algunos países del Este de Europa consideran que pone en peligro su competitividad.

La Comisión Europea estima que en la primera fase de puesta en marcha del sistema 2005-2007 fue excesivamente generosa en el reparto de derechos, y decidió para la segunda fase 2008-2012 rebajar -en un 25% respeto de lo que piden los 10 nuevos Estados miembros- las concesiones. En este segundo periodo, el Ejecutivo comunitario planea además subastar los derechos de emisión y no otorgarlos gratuitamente como hasta ahora.

Bruselas calcula que durante los dos últimos años otorgaron un 20,6% de derechos más de los necesarios, lo que saturó el mercado de emisiones, que vio cómo se desplomaban los precios. Según las previsiones el sistema de comercio de emisiones contribuirá en un 40% a lograr los objetivos de reducción que fija el Protocolo de Kioto.

Letonia ha sido el último país que esta semana se ha subido al carro de sus cinco vecinos del Este, que han demandado o anunciado su intención de llevar los planes de comercio de emisiones de la Comisión ante la justicia europea. "Hemos decidido acudir al Tribunal Europeo de las comunidades europeas", anunció el pasado martes el primer ministro letón, Aigars Kalvitis. Después explicó que el cierre de la central lituana de Ignalina obligará a Letonia a emitir más gases contaminantes, procedentes de otras fuentes de energía. Junto a Letonia, Polonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Estonia consideran que la adjudicación de derechos de emisión de CO2 de la Comisión Europea es insuficiente e impide sus planes de desarrollo económico. Bruselas asegura que ha tenido en cuenta todas esas circunstancias, incluido el cierre de centrales, a la hora de asignar los derechos de emisión. "Estos países tienen que entender que su economía acabará por beneficiarse si emiten menos. Serán más competitivos cuanto antes adapten su tecnología", sostiene Helfferich.