La Audiencia confirma la prisión incondicional contra Bravo

La Audiencia Provincial de Guipúzcoa ha confirmado en todos sus extremos la orden de prisión incondicional contra el ex director de la Hacienda de Irún José María Bravo, dictada el pasado 11 de julio por la juez instructora de esta causa. En un auto de la Sección Segunda, se desestima el recurso presentado por Bravo y se le mantiene en la cárcel porque existe la posibilidad real de fuga, dado su alto nivel económico y, además, podría destruir y ocultar pruebas de la investigación tras la aparición de nuevos expedientes irregulares.

La decisión de la Audiencia es firme y confirma en su integridad la resolución del juzgado de Irún. Fue recurrida por la defensa del principal imputado del caso y por la de su esposa, Rosa María Cobos, también acusada de pertenecer a la trama que estafó alrededor de seis millones de euros a la Hacienda guipuzcoana y de apropiarse de al menos 1,7 millones. Bravo alegó que es un ciudadano "con suficiente arraigo, que ha demostrado de manera incuestionable su permanente puesta a disposición de la justicia". En cambio, la Fiscalía y la Diputación, que ejerce la acusación particular, se opusieron al recurso y solicitaron mantenerle en prisión.

El tribunal se remite a los indicios de criminalidad que implican a Bravo, recogidos en los razonamientos esgrimidos por la juez Almudena Ovejero en su orden de prisión incondicional. Recuerda que existen "elementos suficientes" para imputarle los delitos continuados de malversación de caudales y de falsedad de documento oficial. Y añade que la investigación policial y judicial ha permitido hallar nuevos indicios "más graves y contundentes" contra el ex director de la Hacienda de Irún, quien podría haber cometido también un "delito de estafa de especial gravedad por su cuantía".

Obstaculizar la justicia

El auto asegura que existen "figuras delictivas que no se tuvieron en cuenta en el anterior auto de prisión", que fue eludida por Bravo tras depositar una fianza de 400.000 euros.

Al hilo de las investigaciones que se siguen aportando a este caso, la Audiencia hace constar que han aparecido diez nuevos contribuyentes "perjudicados", a quienes cobró más de 700.000 euros. Cita el caso de un deudor que pagó 220.000 euros a Bravo cuando ésta ya estaba en excedencia. Por todo ello, el auto considera que el imputado "puede gozar de un alto nivel de vida que le permitiría eludir la acción de la justicia con relativa facilidad".

Confirma la orden de prisión porque Bravo también podría "interferir en la acción policial y judicial", cuya investigación "aún no está cerrada", mediante la "destrucción u ocultación de pruebas". Dado el "conocimiento de todo lo actuado hasta el momento" por parte de Bravo, podría hacer que "se anticipase a la actuación policial y judicial imposibilitando u obstaculizando la misma".