Madrid y Euskadi pactan la devolución de las ayudas fiscales cuestionadas por la UE

Las administraciones central y vasca aprovecharán hoy la reunión en Madrid de la Comisión Mixta del Concierto, en la que van a formalizar el compromiso cerrado sobre la ley quinquenal del Cupo, para otro fin: acordar el cumplimiento de las exigencias de la Unión Europea de recuperación de las ayudas fiscales a la inversión concedidas entre 1996 y 2000 y declaradas ilegales. Como consecuencia, se entregará a Bruselas la lista de las empresas beneficiadas, unas 300, y se notificará a las sociedades afectadas que deben devolver el importe de la exención fiscal que lograron entonces.

La Comisión Europea trasladó al Reino de España hace algo más de un mes que el 11 de septiembre se cierra el plazo para recuperar las ayudas declaradas "ilegales" y facilitar la lista de beneficiados. La Comisión Europea anuló en 2001 como "ayudas de Estado" dos importantes incentivos a la inversión introducidas en el Impuesto de Sociedades vasco de 1996: las llamadas minivacaciones fiscales, que establecieron importantes deducciones a las nuevas empresas (del 99%, 75%, 50% y 25% a partir del primer año con beneficios), y crédito fiscal del 45%, que permitía recuperar mediante deducciones ese porcentaje de las nuevas inversiones de más de quince millones de euros. Del primer incentivo se beneficiaron fundamentalmente pequeñas y medianas empresas y del crédito a la inversión muchas de las empresas más importantes instaladas en Euskadi.

Desde 2001, en que la Comisión las declaró ilegales, las autoridades vascas (forales y autonómicas) se han resistido a dar a Bruselas los datos de que le reclamaba de las empresas y a las cantidades recibidas. La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, negoció con la propia Comisión una posible salida, que se frustró por discrepancias entre las diputaciones, algunas partidarias de resistir y agotar los recursos judiciales.

El pasado diciembre, sin embargo, el Tribunal de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo, ratificó la decisión de la Comisión y condenó a España por no haber atendido la exigencia de recuperación de las ayudas. A partir del 11 de septiembre, si la decisión no se cumple, habrá una multa diaria hasta que se haga. La firma del acuerdo sobre la ley quinquenal del Cupo 2007-2011 ha sido el marco elegido por las administraciones central y vasca para intentar dar una salida a los requerimientos comunitarios.

Interlocutor con Bruselas

Aunque sus destinatarias últimas son las diputaciones, la responsabilidad ante las instituciones europeas es del Reino de España, y el Gobierno central tiene como interlocutor al Ejecutivo vasco, foral vasco. Por eso, el protocolo que hoy van a fijar ambas administraciones no es una paz fiscal, como la alcanzada en 2000, que evitó entonces que el sistema fiscal vasco fuera analizado por el Tribunal de Luxemburgo, pero sí es el fin de un contencioso que incomoda tanto al Gobierno vasco como al central en sus relaciones con Bruselas.

Fuentes próximas a la negociación aseguraron a este diario que se ha logrado un acuerdo después de "mucho trabajar para lograr un compromiso político que ata a las administraciones para cumplir en tiempo y forma el emplazamiento" europeo. Las haciendas forales se han resistido durante todo el proceso a entregar a la Comisión la lista de las empresas beneficiadas por los incentivos fiscales. Alegaban que hacerlo dejaría en situación desairada a las compañías, que se acogieron a ellos de buena fe, creando una imagen "incierta y poco seria" del marco fiscal. Una imagen agravada por las sentencias contra el tipo del Impuesto de Sociedades y el desacuerdo entre los territorios para fijar el nuevo gravamen.

A la hora de atender a los requerimientos de la UE pesa también la advertencia hecha en diciembre por la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, de que tenía "la intención de ser muy estricta con los Estados miembros que no ejecutan las decisiones de la Comisión en materia de ayudas de Estado". El acuerdo que se firma hoy permitirá también conocer el importe total de las ayudas concedidas, que según algunas estimaciones superarían los 1.600 millones de euros.