Las empresas beneficiadas podrán recurrir ante los tribunales

Los incentivos extraordinarios a la inversión impulsados en los años noventa por las haciendas vascas para hacer frente a los duros años de crisis y de desindustrialización siguen generando quebraderos de cabeza a las diputaciones forales, a los gobiernos central y vasco y a las empresas afectadas. El final del pulso mantenido con Bruselas durante casi diez años puede estar más cerca con el acatamiento de la sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas.

Las haciendas entregarán finalmente a la Comisión Europea el listado de las empresas acogidas a los incentivos y a las compañías afectadas se les notificará, antes del 11 de septiembre, que deben deben devolver las ayudas fiscales anuladas por Bruselas. Algunas empresas, sobre todo las que cotizan en Bolsa o tienen socios extranjeros en su capital, que ya provisionaron estas cantidades en sus cuentas. Pero la mayoría no lo ha hecho, confiando en las seguridades ofrecidas por las diputaciones y la patronal Confebask.

No es seguro, sin embargo, que vaya a producirse una devolución inmediata de las ayudas recibidas. Una vez que las empresas reciban la notificación de las diputaciones, las empresas, según fuentes consultadas, podrán recurrirla por la vía contencioso administrativa, alegando que obraron de buena fe y se acogieron a una normativa vigente en aquel momento. Es lo que recomiendan las firmas de consultoría y asesoría.

Ya hace tres años la propia patronal vasca, Confebask, recomendó en una de las reuniones multilaterales mantenidas sobre este embrollo que se reclamara oficialmente la devolución por parte de las diputaciones, para las empresas pudieran recurrir esa medida. Se abriría así otro frente judicial interno en el que, según algunos expertos, las sociedades afectadas tendrían posibilidades de salir con bien.

Las negociaciones entre el Ministerio de Hacienda y el Gobierno vasco para dar una salida a las demandas de la UE se han mantenido en paralelo a las de la renovación de la ley del Cupo y al más alto nivel. De hecho, no todas las diputaciones (la de Guipúzcoa ha cambiado de responsables y la Álava, de partidos de gobierno) estaban previamente informadas de los pasos acordados. Finalmente, este compromiso y el del Cupo, se firmarán, tal y como deseaba el Gobierno vasco, antes de agosto. Para separarlo de la negociación que viene sobre los presupuestos del Estado y de la comunidad autónoma.