Alabemos a los ciudadanos enfadados

Alabemos a los ciudadanos que se enfadan por los motivos correctos, con las personas indicadas, de la manera apropiada y en el momento exacto. Lo dice Aristóteles, así que alabemos a los barceloneses, sometidos no sólo a un apagón eléctrico sino también a un vergonzoso diluvio de declaraciones, intencionadamente confusas o aprovechadas, de responsables empresariales y políticos aparentemente más interesados en escurrir el bulto, empujar al adversario y, si es posible, llenarse el bolsillo de paso, que en dar satisfacción a sus preguntas y exigencias. En estos lamentables días, los únicos que están manteniendo la seriedad son los vecinos de la ciudad, que han dado ejemplo de dignidad, solidaridad y paciencia.

El apagón de Barcelona es un auténtico escándalo no porque se haya producido un accidente y un cable de una compañía eléctrica haya caído sobre una subestación de otra, sino porque ese accidente ha puesto de manifiesto una increíble falta de lo que los expertos llaman "madurez organizativa" de las empresas responsables y de "calidad institucional" de los mecanismos públicos ideados para vigilar, precisamente, las prestaciones de esas empresas.

Lo increíble de esta historia no es que se haya producido un apagón, sino que las empresas responsables del suministro eléctrico de una ciudad como Barcelona hayan sido incapaces de solucionar el problema en menos de tres días y, peor aún, que al cabo de esos tres días la ciudad se siga abasteciendo, en parte, con 134 generadores (como un territorio en guerra) y que se anuncie una "situación precaria" para nada menos que los próximos cuatro meses.

La desfachatez con la que Red Eléctrica, presidida por Luis Atienza, y Endesa, presidida por Manuel Pizarro, se echan mutuamente la culpa, no debería despistar a los ciudadanos de lo fundamental: todos los usuarios, en Cataluña y en toda España, pagamos una tarifa que recoge todos los costes necesarios para garantizar el suministro eléctrico ininterrumpido. Es decir, pagamos a las empresas una cantidad específica, distinta del puro consumo, para que mantengan y modernicen las redes de distribución. Por pagar, les pagamos, incluso, los costes financieros de esas operaciones.

No se trata de que el Estado haya invertido más o menos en Cataluña, aunque seguramente los catalanes tienen razón y, en los últimos diez años (que no antes) sí existe un déficit de inversión estatal. De lo que se trata aquí es de la inversión que debían haber hecho empresas concretas, con responsables concretos, que nos cobran a los ciudadanos, a todos, catalanes y no catalanes, unas tarifas determinadas, mes a mes, a cambio de unos servicios. La realidad es que tanto Endesa como Red Eléctrica tienen ingresos más que suficientes para haber hecho frente a sus obligaciones y que si el apagón de Barcelona es consecuencia de un déficit de inversión será culpa de unos directivos empresariales imprudentes y descuidados, que deberían responder, también, ante sus accionistas.

En lo que sí existe culpa de la Generalitat y del Gobierno de la nación, y muy grande, es en no haber vigilado que esas empresas cumplieran con sus obligaciones. ¿Cómo es posible que Atienza diga ahora que "habrá que estudiar si hay que duplicar las redes". ¿Por qué no lo estudió antes? ¿Cómo es posible que Endesa asegure que está ideando ahora un sistema para suplir la subestación averiada? ¿Acaso no tenía ya un protocolo para aplicar en ese caso? Y si es así, ¿para qué sirven los servicios de control y vigilancia de la Generalitat? Y si las empresas no habían hecho las inversiones necesarias, ¿para qué sirve la Secretaría General de Energía? ¿Y la Comisión Nacional de Energía? Es curioso que a la hora de reprochar a la Administración central una pretendida falta de voluntad política, Esquerra Republicana se haya visto obligada a dar cuenta de la eventual inquina de cuatro catalanes: el ex ministro José Montilla, el actual titular de Industria, Joan Clos, el secretario general de Energía, Ignasi Nieto, y la presidenta de la CNE, Maite Costa. Difícil creer que tuvieran la voluntad de perjudicar expresamente a Cataluña. A la hora de la verdad, el problema no es que en Barcelona vivan catalanes. El problema es que son ciudadanos y consumidores y que ellos, como los usuarios del resto del país, están muy poco defendidos en España. solg@elpais.es