Empresas familiares piden que se reduzca el impuesto de sociedades

El Instituto de Empresa Familiar (IEF) ha comenzado a trabajar de cara a la próxima legislatura. Los 104 socios de esta asociación de empresarios aprobaron en la última junta general un borrador que recoge las principales peticiones al Gobierno que salga de las elecciones generales. Es una especie de decálogo que busca "mejorar la competitividad del tejido industrial" como eje del progreso de la sociedad.

El primer punto de ese decálogo es la petición de que se rebaje el impuesto de sociedades al 25% (actualmente está aprobada la rebaja escalonada hasta el 30%) para el conjunto de las empresas. Recuerda el IEF que ese porcentaje que se solicita es la media actual de la UE de los 27.

La asociación de empresarios, cuyas compañías facturan cerca del 11% del PIB español y emplean a 700.000 personas, reclama asimismo que ese impuesto se rebaje al 20% para las pequeñas y medianas empresas, así como que se apruebe una libertad de amortización para los activos ligados a procesos de producción industrial.

Aparte de la deflactación de la tarifa del IRPF, el Instituto pide un impulso a las negociaciones para eliminar la doble imposición internacional en los mercados.

Eliminación de contingentes

En el ámbito laboral, la asociación pide que se vincule la negociación colectiva a dos parámetros: productividad y reducción del absentismo laboral. Además, solicita incentivar los contratos a tiempo parcial con deducciones específicas en las cotizaciones a la Seguridad Social.

La inmigración también tiene hueco en las líneas maestras de este documento. El IEF reclama la liberalización de la contratación en origen mediante la eliminación de contingentes. Otro de los elementos que preocupa a los empresarios es la unidad de mercado. Por ello piden que se cree una comisión que coordine la Administración Central y las autonómicas para reducir los costes de transacción derivados de la aplicación de diferentes criterios en materias similares.

Por supuesto, en el documento se solicita también al nuevo Gobierno un impulso en la inversión en investigación y desarrollo. El impulso vendría con el coste cero para la primera patente registrada por un investigador universitario y la eliminación del límite máximo vigente en las deducciones en I+D+I.

Por último, el Instituto propone igualar las deducciones por gastos en I+D a las de gastos en innovación, ya que en la actualidad se prima la investigación básica sobre la innovación.