Los pequeños municipios del Ebro no logran frenar la conversión irregular de masías en chalets

"Precioso terreno de tres hectáreas con muchas terrazas, vistas al valle del Ebro y buenos olivos que aún se cultivan. Hay una pequeña casita pero usted podría construir una nueva. Precio: 45.000 euros". Este anuncio real, traducido de una página web en inglés, vende este terreno de Vinebre (Ribera d'Ebre) y docenas más de municipios de la Terra Alta, el Baix Ebre y el Montsià. Los ayuntamientos de esta zona no logran frenar un mercado en alza que aprovecha la falta de recursos legales para promover construcciones ilegales.

La expulsión de Convergència el pasado mayo del entonces alcalde de Ginestar (Ribera d'Ebre), Josep Bru, grabado con cámara oculta mientras aconsejaba a una pareja el modo de saltarse la ley para construir un chalet en una finca agrícola, lo que no permite la ley, no ha hecho más que poner de manifiesto una situación común que los pequeños municipios no logran controlar.

"Tenemos una docena de expedientes abiertos, pero no damos abasto", dice Daniel Andreu (ERC), alcalde de L'Aldea (Baix Ebre). Andreu y varios colegas suyos reclaman más medios públicos para frenar un fenómeno, el de la conversión de antiguas masías en chalets, que siguen en auge pese a la mano dura anunciada ya en la anterior legislatura por la Generalitat.

Países Bajos y Reino Unido

En Flix (Ribera d'Ebre), estas ofertas rústicas proliferan en los mercados de los Países Bajos y británico por las posibilidades de pesca deportiva que ofrecen los embalses cercanos. "Normalmente, buscan municipios pequeños, sin medios, sin policía local. Y suelen comprar engañados, creyendo que se puede construir legalmente", dice Pere Muñoz (ERC), alcalde de Flix (Ribera d'Ebre), que ha parado y denunciado ante la dirección de Urbanismo tres obras en masías que no se adecuan a la licencia que solicitó su dueño.

La picaresca de solicitar una licencia municipal para formar las características construcciones antiguas de apoyo a las labores del campo para convertirlas en chalets, es la que utilizan tanto oriundos como extranjeros, y precisamente es lo que aconseja Josep Bru en la grabación que motivó su expulsión de Convergència. La normativa, particular en cada municipio, establece que en fincas rústicas de a partir de una determinada extensión puede construirse un almacén agrícola de determinados metros cuadrados, pero en ningún caso una residencia. "Es extremadamente complicado vigilar el cumplimiento de todas las licencias de obras que das", subraya Francesc Sancho (CiU), alcalde de L'Ampolla (Baix Ebre). "Estamos en un momento en el que si no se endurece la disciplina, esto va a ir a más", añade.

Los británicos de clase media son los principales compradores de fincas agrícolas con esta finalidad, y cuentan en Internet con una amplia gama de inmobiliarias en su idioma que les ofrecen todo tipo de parcelas. El Ayuntamiento de L'Ampolla también tiene abiertos una docena de expedientes sancionadores que, en último extremo, pueden acarrear el derribo de las viviendas.

La proliferación de estas viviendas clandestinas, que la Generalitat no tiene censadas, está sentando las bases para problemas urbanísticos futuros parecidos a los que hay en la actualidad con las urbanizaciones que en la década de 1960 proliferaron por doquier sin servicios básicos como alcantarillado o alumbrado. Otro problema es el de la seguridad. El delegado de la Generalitat en las Tierras del Ebro, Lluís Salvadó, recuerda que hace dos años, durante un incendio en Riba-roja d'Ebre, la preocupación entre los bomberos fue el saber que había varias casas de madera en pleno monte amenazadas por el fuego, pero que no tenían localizadas.

"No estamos preparados para este tipo de urbanismo", añade Salvadó. Para Andreu, la solución pasa por crear un organismo supramunicipal que ejerza de fiscal y sea el encargado de ejecutar estos expedientes, que en pueblos pequeños y con una larga tradición de arreglarse una casita en el campo para, por ejemplo, celebrar reuniones familiares, derivan en conflictos vecinales. La postura del Departamento de Política Territorial es de intransigencia total con estas construcciones.