Estrategia discutible
El estrepitoso fracaso de España en cumplir los objetivos del Protocolo de Kioto -en 2006 emitimos el 52% más de CO2 a la atmósfera que en 1990, cuando el límite que no debíamos haber sobrepasado era del 15%- ha empujado al Gobierno a elaborar un conjunto de 198 medidas de eficiencia y ahorro energético que reduzcan el consumo de energía y encaucen el vertido a la atmósfera de dióxido de carbono en los límites aceptados por el mencionado protocolo.
Es importante indicar el fracaso de la política española de reducción de emisiones de CO2 porque sólo un sentimiento de culpa explica la apabullante acumulación de normas y disposiciones bienintencionadas, cuyo elevado número pretende transmitir el mensaje de que la Administración está hondamente preocupada por los efectos del cambio climático. Es de agradecer que el Ejecutivo haya tenido la agudeza de asignar un presupuesto a esta gran estrategia contra el cambio climático -2.500 millones de euros entre 2008 y 2012- y que distinga entre medidas urgentes, unas 80 en total, de las promesas más volátiles a largo plazo.
Todas las decisiones importantes del plan son sobradamente conocidas. Este Gobierno, y en algún caso los anteriores, las han propuesto en no pocas ocasiones, de forma que será un gran avance que por fin lleguen a aplicarse. El grado de eficacia es muy variado. De entre las más urgentes, probablemente la que mejores efectos conseguirá será la de escalonar el impuesto de matriculación de los automóviles de forma que los más limpios no paguen y los más sucios, por encima de los 200 gramos de dióxido de carbono emitidos por kilómetro, paguen el 14,75%.
En la misma dirección están la sustitución de las calderas de calefacción del carbón por otras de combustibles más limpios, la introducción de cuotas de biocarburantes en los vehículos de transporte o el plan de ahorro energético intensivo en los edificios de la Administración.
No puede reprocharse a este Gobierno que su estrategia energética se equivoque en los objetivos -ahorro en el consumo, atención al medio ambiente- o escatime esfuerzos en proponer soluciones. Pero sí cabe imputarle una mala articulación de las políticas y, sobre todo, una contradicción escandalosa: en una economía de mercado, el resorte más eficaz para bajar el consumo energético -y, por tanto, reducir la contaminación- es el precio. No es coherente que se pongan en pie casi doscientas medidas para conseguir pequeños ahorros mientras se renuncia a subir los precios de la electricidad.
