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Los promotores no firmarán el Pacto por la Vivienda si deben destinar el 20% del suelo a pisos protegidos

CiU cuestiona el alquiler forzoso y la protección a 90 años que prevé la ley

Clara Blanchar

Los promotores han puesto contra las cuerdas al Gobierno catalán. Ayer, el mismo día en que el Ejecutivo presentó la "tercera y última versión" del Pacto Nacional por la Vivienda y aseguró que se firmará el día 25, la Asociación de Promotores y Constructores (APCE) reiteró que no lo rubricará si no se modifica uno de los artículos del proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que está en el Parlament. Es el artículo 18.3, que prevé que se destine el 20% de las promociones de más de 2.000 metros cuadrados de techo en suelo consolidado a vivienda protegida. Desde la oposición, también CiU manifestó que no firmará el pacto sin aclarar antes tres escollos de la Ley.

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Los promotores insisten en que, como patronal, tienen la obligación de preservar la seguridad jurídica de sus empresas y defender sus intereses. Se refieren a los empresarios que tienen suelo comprado y mantienen expectativas sobre él. Fuentes de APCE reiteraron que no ven claro firmar un texto, el del Pacto, que se refiere a otro de rango superior, la Ley, que todavía no está cerrado. Es este un argumento que no mantuvieron hasta hace unas semanas, ya que cuando se presentó el primer borrador del Pacto en abril, defendían que se trataba de dos herramientas distintas.

En parecido sentido que APCE se manifestó ayer Convergència i Unió. El diputado Carles Sala, negociador del partido en los dos frentes, afirmó que no firmarán el Pacto "sin acuerdo previo o simultáneo con la ley". En este caso, los escollos que ve el principal partido de la oposición son tres y también se refieren a artículos de la ley. Son el 42.6, que prevé el alquiler forzoso de viviendas desocupadas; el mismo sobre el que ponen la alarma los promotores, el 18.3; y el 79.2, sobre el plazo de protección de las viviendas sociales, previsto inicialmente en 90 años y que consideran excesivo. "El Gobierno sabe de nuestra disconformidad y nos sorprende que presente un texto para firmarlo la semana que viene. No es normal firmar un documento de bases cuyo principal instrumento, la ley, habla de otras cuestiones: nos crea cierta desconfianza", manifestó Sala.

Pese a las reticencias, tanto los promotores como CiU no se cansan de repetir su voluntad de sumarse al pacto. El presidente de APCE, Enric Reyna, ha afirmado a menudo que "es bueno para Cataluña" y cuando habla en público asegura que fue de los primeros en reivindicar un "gran pacto sobre vivienda". A su juicio, los privados están dispuestos a levantar pisos protegidos si las administraciones les facilitan suelo.

Sala también se mostró ayer esperanzado en que "si se solventan" las tres discrepancias que plantea CiU a la Ley, el partido "podría llegar a firmar". Ahora mismo, los detalles de la Ley dependen de la ponencia que se está discutiendo en el Parlament. Su relatora ponente, Dolors Clavell, que negocia las enmiendas del texto legislativo con la oposición, se mostraba confiada la semana pasada en que antes de final de mes se vote el dictamen que permitirá, según está previsto, que la ley se vote durante el pleno del próximo 3 de octubre. El PP no respondió ayer a las preguntas de este diario.

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Sobre la firma

Clara Blanchar
Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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