Cataluña necesitará 270.000 pisos sociales para cumplir la Solidaridad Urbana que fijará la ley

El proyecto de Ley para el Derecho a la Vivienda contempla el precepto de Solidaridad Urbana, inspirado en la legislación francesa: esto es, que todos los municipios de más de 5.000 habitantes y las capitales de comarca deberán tener, dentro de 20 años, un 15% del total de su parque de viviendas principales en pisos "destinados a políticas sociales". Pues bien, el tercer borrador del Pacto Nacional de la Vivienda hecho público señala, a partir de proyecciones, que faltarán 271.105. Si se mira año por año, habría que incrementar el parque de pisos sociales en 13.555 cada año en los próximos 20. Y si se contabilizaran sólo los pisos de protección -los "sociales" incluyen también los pisos de alquiler de rentas antiguas-, faltarían muchos más: 405.570.

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Los promotores no firmarán el Pacto por la Vivienda si deben destinar el 20% del suelo a pisos protegidos

Estas cifras forman parte de uno de los cuatro anexos del Pacto. Son cuatro documentos que constituyen la principal novedad que incorpora esta última versión y que detallan en buena medida cómo se alcanzará el objetivo del Pacto de movilizar suelo para crear 250.000 pisos protegidos y levantar 160.000 en 10 años, el 40% en régimen de alquiler.

El primero de los otros tres anexos es un exhaustivo inventario del suelo, municipio por municipio, sobre el que está previsto levantar vivienda de protección, ya sea del Instituto Catalán del Suelo o de planeamientos urbanísticos en marcha.

El segundo anexo detalla las medidas fiscales que prevé el texto. En este capítulo el Pacto incluye la propuesta de impulsar la extensión de un IVA "superreducido" del 4% a los promotores que impulsen cualquier régimen de protección y no sólo en los de régimen especial o los de promoción pública. También sugiere aplicar el IVA del 4% a los promotores que construyan pisos sociales de alquiler o a las sociedades que compren viviendas para destinarlas a arrendamiento. En el caso de las obras de rehabilitación, el IVA propuesto es del 7%. Y todavía dentro de las medidas fiscales insta a ampliar la desgravación fiscal del pago de alquiler en el IRPF. Son medias, sin embargo, cuya aplicación deberá ser negociada con el Ministerio de Economía y Hacienda que dirige Pedro Solbes.

El último de los anexos estudia, de nuevo al detalle, los costes de la edificación de vivienda protegida en Cataluña, en función de su tipología -régimen general, especial y de precio concertado- y de acuerdo con las zonas geográficas fijadas por el Ministerio de Vivienda y de las que depende el tanto por metro cuadrado que reciben, a modo de ayudas, las administraciones o promotores que levantan vivienda protegida.

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