Los sindicatos denuncian que el Gobierno regional incumple los trámites del proyecto

Una nueva ley entra a debate el próximo jueves en la Asamblea de Madrid. Es el proyecto de ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, que aprobó el Ejecutivo de Esperanza Aguirre hace 10 días.

El texto legal ha recibido numerosas críticas. Ayer, la discrepancia llegó desde los sindicatos mayoritarios (UGT y CC OO) y se plasmó en forma de carta: los nueve representantes sindicales en el Consejo Económico y Social de Madrid (CES) registraron en este órgano una misiva dirigida a su presidente, Francisco Cabrillo. En ella le reclaman que exija a Aguirre la retirada del proyecto de ley porque carece "del preceptivo informe del Consejo Económico y Social" y que lo envíe a esta institución para cumplir con el trámite legal.

La Ley 6/1991 de creación del CES regional -un órgano integrado por 27 expertos económicos, miembros de asociaciones de empresarios y de sindicatos- indica, en su artículo 4.b), que una de las funciones del órgano es "emitir informe preceptivo no vinculante, con carácter previo a la aprobación de proyectos de ley y decretos del Consejo de Gobierno sobre la política económica y social" de la región. El CES ni siquiera ha recibido oficialmente el texto legal de Aguirre, por lo que no podrá informar sobre él como debería.

"Más allá de que se tramite por el procedimiento de urgencia, sin que esté razonado, el proyecto se salta a la torera la ley de creación del CES cuando entra claramente en materia de política económica y social", afirmó Jaime Cedrún, portavoz de CC OO en el consejo. Añadió que ninguna Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales (que, como en este caso, modifican a la vez varias leyes) ha dejado de contar con el dictamen del CES antes de ser enviada a la Asamblea.

El proyecto modifica nueve leyes vigentes. Entre ellas, la Ley del Suelo (para limitar a cuatro las alturas de los nuevos edificios), que, como reconoce la memoria justificativa que acompaña el proyecto de ley, sufre "una reforma en profundidad".

La portavoz de UGT en el CES, Carmen López, recalcó que es una contradicción que la norma se tramite tan rápidamente en julio (mes tradicionalmente inhábil), cuando Aguirre ha tenido cuatro años para modificar la legislación. Además, explicó que el grupo sindical del CES emitirá en los próximos días un informe no oficial sobre el proyecto que enviará a los grupos parlamentarios.

Desde el Gobierno regional, defienden su actuación: "No se ha enviado [el texto del proyecto de ley de modernización] al CES por el carácter de urgencia del proyecto de ley", aseguró una portavoz que no supo explicar cuál es la razón de que la nueva ley se tramite por la vía de urgencia. El texto de la futura norma no aclara cuál es esa razón, como tampoco los informes que lo acompañan.