Los sindicatos critican a Sarkozy por renunciar al indulto de presos

El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ha renunciado a ejercer el derecho del indulto, convertido en tradición por los ex presidentes Giscard d'Estaing, Mitterrand y Chirac y heredado de la vieja costumbre del perdón generoso dictado por los reyes cuando accedían al trono. La gracia del perdón del 14 de julio -día de la Revolución- se utiliza en Francia desde 1980. Los sindicatos de prisiones han criticado esta medida de Sarkozy.

"Una elección presidencial no equivale a tener derecho a borrón y cuenta nueva. ¿Por qué debería amnistiar a los delincuentes? ¿Y si en cambio decido perdonar las multas de tráfico?", se preguntaba el presidente Sarkozy.

El perdón presidencial beneficiaba a muchos reos y adoptaba formas diferentes cada 14 de julio. En 2006, por ejemplo, se optó por reducir hasta un máximo de cuatro meses las penas de cárcel pendientes de ser cumplidas. Otras veces se decidía que todos los prisioneros se beneficiaran excepto aquellos por delitos contra menores. En otras ocasiones quedaban excluidos quienes habían atacado a policías, etcétera. El presidente decidía.

El tradicional perdón del 14 de julio tiene un sentido práctico: reducir el número de encarcelados antes de que lleguen los días más calurosos del verano. En estos momentos hay en Francia 60.870 prisioneros y la capacidad real en las instituciones penitenciarias es de 50.000, repartidos en 188 puntos.

"Las reducciones de pena son muy esperadas por los presos. Con 12.000 reos de más y malas condiciones de higiene en cárceles construidas antes de la II Guerra Mundial, la situación es inquietante", decía al diario Libération un responsable del sindicato de funcionarios de prisiones. "No creo que la amnistía deba servir para gestionar las cárceles", responde Sarkozy.

El diputado socialista André Vallini aplaude la argumentación del presidente. Para François Hollande, primer secretario del Partido Socialista, renunciar al indulto está bien "pero hay que ofrecer alternativas, como la generalización del brazalete electrónico, por ejemplo".

La CGT del sector penitenciario denuncia "la situación explosiva en las cárceles" y critica "la sordera presidencial". Para ellos, la liberación de unos 3.000 presos equivale a una "válvula de escape" necesaria para la seguridad del sistema. El Observatorio Internacional de Prisiones tacha a Sarkozy de "pirómano" y le acusa de "echar leña al fuego".

La decisión de Sarkozy, sin duda popular aunque le enemista también con los miles de conductores que esperaban ver perdonadas sus multas, es además un nuevo pulso lanzado a un poder judicial al que el presidente ha criticado en repetidas ocasiones: "Que los jueces apliquen las leyes y entonces se respetará la independencia judicial. La justicia reclama a gritos su independencia y lo primero que hace es pedirme que libere a 3.000 personas. Y yo digo que no", concluye Sarkozy.