A golpes con la salsa

El Ayuntamiento de Bilbao y la Asociación de Hosteleros de Vizcaya han quemado las dos últimas semanas intercambiando mensajes de reproche. Dos frentes han disparado el cruce de acusaciones entre las instituciones. En primer lugar, el aumento de sucesos violentos en las zonas de ocio nocturno de la ciudad, especialmente en el barrio de Deusto. La segunda razón es otra cuestión incómoda, sobre quién debe asumir la responsabilidad de la seguridad en los establecimientos en caso de incidentes.

Madrugada del pasado 25 de junio: los porteros de la discoteca latina Fania sacan a empujones a dos clientes colombianos que han discutido con una de las camareras del local. El más joven, A.M.D de 19 años, va armado, y la seguridad del establecimiento cubre sólo la entrada principal. Nadie se ocupa de proteger la retaguardia del Fania. El joven dobla la esquina y aprovecha la salida de emergencia para colarse de nuevo. Se dirige hacia la barra, agarra por la empuñadura su arma blanca y le corta el cuello a Cristina Álvarez, de 25 años, también colombiana. El asesino se precipita y en la trifulca confunde a su presa. Ha matado a una chica que tomaba una copa sentada en la barra y que no había participado en el altercado que motivó su expulsión. El escenario del homicidio es uno de los más frecuentados por los latinoamericanos residentes en Bilbao que salen a bailar los fines de semana. Triste balance: suma 100 denuncias.

La discoteca, donde se produjo el asesinato la madrugada del 25 de junio, acumulaba 100 denuncias

"El barrio es mucho más peligroso. Las personas que pueden vender su casa no lo dudan, se van"

Seis días después del suceso, el sábado 30 de junio, el alcalde, Iñaki Azkuna, habla por vez primera del asesinato: "Es cierto que este caso ha generado alarma social y escándalo público". Ese mismo día anuncia el cierre de la discoteca -el antiguo Chentes- durante medio año, pero declara que las 100 denuncias que arrastraba el establecimiento no son razón suficiente como para tomar medidas cautelares.

"La solución al problema pasa por colocar gente especializada que pare las peleas dentro de los locales, porque de lo que pase fuera nos ocupamos nosotros. Nos llevamos bien con el 98% de los hosteleros, pero hay un 2% que no cumple con la ley, y eso no puede ser".

Con estas palabras de Azkuna se abre el cruce de acusaciones. Esa misma tarde los hosteleros deciden no contestar y anuncian que responderán tres días después en rueda de prensa. Así, el martes, su presidente, Ángel Gago, manifiesta su descontento con las palabras del edil: "Asistimos a algunos discursos de pura demagogia acuñados en el entorno institucional". Desde la asociación hostelera se plantean, incluso, hipótesis de tipo político. "No queremos pensar que, si no se actúa es porque pueden existir grupos políticos interesados en el voto de los inmigrantes".

Los empresarios, en un dudoso desliz verbal, afirman que "un número importante de delitos, agresiones y muertes tienen que ver con personas llegadas de otras culturas". Así, los hosteleros, recuerdan el gran número de extranjeros que trabajan en su sector, y explican que son estas personas las que deben adaptarse a las costumbres locales. Sin embargo, un día más tarde, el concejal de Seguridad bilbaíno, Eduardo Maiz, corrobora la postura del Gobierno municipal, insistiendo: "la seguridad interna de los establecimientos es responsabilidad de los empresarios". La mañana del miércoles, en la fachada de la discoteca todavía quedan restos de la actividad suspendida, con varios carteles anunciando las próximas actuaciones musicales de un local ya clausurado.

Luis Olave tiene 59 años y es vecino del barrio. "Esta zona de la ciudad ha sido siempre muy tranquila, pero de un tiempo a esta parte todo es distinto. Cada vez hay más gente conflictiva, más inseguridad". Olave cree que la responsabilidad debe ser compartida por empresarios y políticos.

En la misma acera del Fania, a unos 20 metros, María Concepción Cueto, de 52 años, regenta una inmobiliaria. "Esto ha cambiado de forma radical, la gente que puede, vende su piso y se va. Los fines de semana a partir de las ocho de la tarde se emborrachan en plena calle y se pelean entre ellos. Para María Concepción, sí que hay responsables. ¿Cómo puede seguir abierto un local al que le han puesto más de 100 denuncias?. ¿Dónde está el Ayuntamiento?".

El negocio contiguo es un locutorio. Tras el mostrador se encuentra una chica joven. Ella no considera que el barrio sea violento ni peligroso. Cuando hace el turno de noche reconoce que entra gente borracha pero conocida. Aquí nunca hay problemas.

Los partidos de la oposición respondieron rápido, "¿por qué hay que esperar a que suceda un crimen para cerrar un local con 100 denuncias?". Goyo Zurro, concejal socialista, dice que el Gobierno municipal debe crear iniciativas que motiven la integración de los inmigrantes, y por su parte el grupo popular critica al alcalde por eludir su responsabilidad y descargarla sobre los hosteleros. Su portavoz, Antonio Basagoiti, fue más allá y propuso quitar las ayudas municipales a las personas que cometan delitos.

Dos semanas después del asesinato de la joven colombiana pocos cambios. El Gobierno municipal y los hosteleros siguen cruzando acusaciones. Los vecinos, en cambio, están muy preocupados: "Deusto ha cambiado mucho".