Los partidos piden que la ley de violencia machista incluya competencias policiales

La Xunta deberá "llevar a cabo las gestiones y actuaciones necesarias para que se dé prioridad a la transferencia o delegación" de las competencias policiales "en materia de protección y asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género". Así lo han acordado los partidos políticos al incluir ese mandato en el proyecto de Ley de Violencia de Xénero que se someterá a aprobación definitiva el pleno extraordinario del próximo 17 de junio. La norma recoge el llamado salario de la libertad, el derecho de las víctimas de la violencia machista a percibir una prestación económica.

La regulación prevista incluye la creación de hasta cuatro nuevas entidades

El proyecto de ley ya ha superado el trámite de ponencia con un amplio acuerdo de los tres partidos con representación parlamentaria y numerosas modificaciones producto de la incorporación al texto de las enmiendas presentadas por el PSdeG (43), el PP (30) y el BNG (5). Entre los cambios introducidos, en este caso a instancias de los populares, destaca el mandato para que el Gobierno lleve a cabo las gestiones necesarias para agilizar la transferencia de competencias en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, así como la decisión de trasladar a la vigente Ley de Mediación Familiar de 2001 los artículos que hacían referencia a esta actividad en los casos de agresión a las mujeres.

A instancias del PSdeG será la ley de mediación la que dé prioridad a la prevención de situaciones de violencia de género y establezca la obligación de realizar un informe que especifique la "idoneidad de la mediación", de manera que ésta se interrumpirá o ni siquiera comenzará "cuando esté implicada una mujer que sufriese o sufra violencia de género".

La ley, que tiene muchas posibilidades de completar su tramitación por unanimidad (el PP mantiene vivas sólo siete enmiendas), servirá de marco a las medidas del Gobierno gallego en materia de sensibilización, prevención y tratamiento de esta violencia, entendiendo por tal "cualquier acto violento o agresión basado en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres". La norma considera hasta seis formas de violencia: física, psicológica, económica, sexual, acoso y tráfico de mujeres y niñas, así como cualquier otra recogida por los tratados internacionales.

La ley describe el sistema de protección y asistencia integral y especializada frente a la violencia de género. Y sirve de marco a la creación de hasta cuatro entidades: un Centro de Recuperación Integral para Mulleres que Sofren Violencia de Xénero, un Consello Galego das Mulleres, un Observatorio Galego de Violencia de Xénero y una Comisión Interdepartamental de Igualdade.

El Centro de Recuperación se ocupará de desarrollar "un modelo de atención integral, basado en un sistema coordinado de servicios, recursos y medidas de carácter social, laboral y económico", así como de coordinar la red gallega de centros de acogida. Las medidas previstas en la ley incluyen además la creación de una red informativa para las mujeres, un servicio de atención 24 horas y un "punto de coordinación de órdenes de protección". La Xunta tendrá que crear además "puntos de encuentro familiar" para preservar la relación de los menores con sus familias.

El Consello Galego das Mulleres, que ha pasado a una disposición adicional y tiene un perfil que va más allá de la violencia, será un órgano consultivo de participación y asesoría en materia de políticas de igualdad y violencia de género. El Observatorio, a su vez, tendrá la función de evaluar, estudiar y seguir las políticas contra la violencia en Galicia y la Comisión Interdepartamental, por último, se dedicará a hacer un seguimiento de la aplicación de la ley y de los planes para la igualdad de oportunidades y de lucha contra la violencia.

Cada año, a partir de la aprobación de la ley, el Gobierno deberá remitir al Parlamento un informe sobre la situación del problema.

El articulado de la ley ordena el diseño de campañas específicas de sensibilización y formación de la población y, en materia de comunicación, obliga a la Xunta a impedir que los medios públicos emitan imágenes o contenidos que "resulten contrarios" a su "espíritu" y a velar porque los privados "ofrezcan un tratamiento adecuado de las noticias sobre violencia de género". La Vicepresidencia, titular de la competencia de igualdad, elaborará un "manual de estilo" para que los periodistas "impriman el tratamiento mediático adecuado" a las informaciones sobre este asunto y promoverá "convenios de autorregulación".