Política Territorial acusa a Vivenda de invadir sus competencias de urbanismo

La norma del hábitat gallego, que pretende regular las condiciones de habitabilidad de las casas que se construyan en Galicia, ha desatado un conflicto de competencias entre las consellerías de Política Territorial y Vivenda. El decreto, anunciado en abril en el Parlamento por la responsable de Vivenda, la nacionalista Teresa Táboas, invade atribuciones urbanísticas que corresponden a Política Territorial, dirigida por la socialista María José Caride, según las alegaciones formuladas por este departamento. Vivenda rechaza los planteamientos de Política Territorial.

Las opiniones de la Consellería de Política Territorial están incluidas en una alegación al proyecto de decreto formulado por la de Vivenda, en la que se advierte de la invasión de competencias relacionadas con el urbanismo, un departamento que depende de María José Caride. La impugnación, que amenaza con paralizar la norma, rechaza la función reguladora del decreto, por entender que supone en la práctica la aprobación de un plan especial de habitabilidad. Política Territorial insta en su alegato a Vivenda a "no extralimitarse" en sus funciones, según fuentes de la consellería de Caride.

La Consellería de Vivenda, mientras, trata de restar importancia a las acusaciones de Política Territorial y reivindica su capacidad para regular las condiciones de habitabilidad de las nuevas viviendas. "Vivenda no considera que esté invadiendo competencias de nadie, pero Política Territorial está en su derecho de alegar, y sus argumentos serán estudiados con toda atención", replicaron fuentes de la consellería que dirige Teresa Táboas.

La denominada Norma do Hábitat Galego fue anunciada por Teresa Táboas en el Parlamento de Galicia el pasado 24 de abril. Se trata de un decreto que contempla las condiciones mínimas de las nuevas construcciones y que establecerá, entre otras disposiciones, un incremento de la superficie mínima de las viviendas que se levanten en Galicia, que quedará establecida en 40 metros cuadrados útiles, con un mínimo de ocho metros cuadrados por dormitorio. Tampoco se permitirá la construcción de estudios de menos de 26 metros.

Las exigencias del futuro decreto no se agotan en el interior de las viviendas, ya que también establecen las condiciones de los espacios exteriores que deberán incorporarse en el planeamiento urbanístico, uno de los puntos de fricción entre las dos consellerías. Así, se establece un ancho mínimo de tres metros para la circulación peatonal en las aceras y una distancia entre edificios que no podrá ser inferior a 18 metros. Ambos aspectos deberán incorporarse a los planeamientos urbanísticos que elaboren los ayuntamientos.

La norma, que cuenta con alegaciones de distintos colectivos, entre ellos el Colegio de Arquitectos de Galicia, sustituirá al actual Decreto de Habitabilidad, de 1992. Además de las superficies mínimas y condiciones exteriores, la normativa que tramita la Consellería de Vivenda rebaja a siete metros la altura máxima de las viviendas unifamiliares, lo que en la práctica las reduce a bajo, primera planta y un reducido espacio bajo cubierta. Obliga asimismo a emplear pinturas exteriores con colores que armonicen con el paisaje existente y a levantar las viviendas 60 centímetros sobre el terreno, para que la planta baja no esté en contacto con el suelo y aumentar los parámetros de aislamiento.

Iluminación

Las nuevas condiciones de habitabilidad afectarán tanto a viviendas de precio libre como de protección, con exigencias que se extenderán a las características de accesibilidad, iluminación, ventilación, acabados, espacios públicos y funcionalidad de las construcciones. El decreto obligará a que todas las estancias de las nuevas viviendas sean exteriores, excepto el baño, que podrá ser interior, y la cocina o uno de los dormitorios, que podrán dar a patios interiores. Éstos tendrán una dimensión mínima de 16 metros cuadrados, nueve más que el mínimo en vigor.

La Norma do Hábitat Galego formará parte del Plan Galego de Calidade na Edificación, que incluirá, además del decreto que enfrenta a las consellerías de Vivenda y de Política Territorial, la futura Ley de Calidad y el denominado Laboratorio de Sostenibilidad. La citada ley establecerá la obligación de incorporar a los proyectos constructivos un anexo que recoja el Plan de Control de Calidad, que será indispensable para la consecución de licencia municipal.