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Editorial:

No son formas

Los precios de la energía, entre los que están las tarifas eléctricas, deben recoger los aumentos de costes de producción. Es un principio general que los Gobiernos responsables deben mantener con firmeza, para evitar que se agraven situaciones de emergencia, como por ejemplo las que aparecieron en 1973 y 1979 debido a las crisis del petróleo. Tampoco puede dudarse de que la sociedad española necesita de planes articulados de ahorro energético. Con esos objetivos globales y con el más concreto de acabar con el embalsamiento de los precios provocado por la política eléctrica de los gobiernos de Aznar, que se traduce en un enorme déficit que están obligados por ley a pagar los consumidores, el Ministerio de Industria había propuesto una subida de la tarifa doméstica del 1,8% a partir del 1 de julio, después de un aumento del 2,8% en enero.

Pero el Consejo de Ministros decidió ayer mantener los precios, olvidar la subida para el consumo doméstico y aceptar un encarecimiento de la electricidad del 1,7% para los grandes consumidores. Más de 23 millones de consumidores agradecerán sin duda la congelación de precios decidida por el Gobierno. Pero, aunque sea una decisión popular, es muy discutible en términos económicos. La nueva tarifa que proponía Industria estaba racionalmente fundada, aunque el ministro Clos y su equipo cometieron el error de no publicar la memoria económica justificativa. Después de la decisión de ayer, la política energética queda sumida en la incertidumbre, puesto que el principio de la traslación ajustada de los costes a los precios queda en suspenso y subordinado a un imperativo político que probablemente es de carácter electoral. Clos, además, ha sufrido un desaire de grueso calibre que confirma su escaso peso político.

Es muy poco serio modificar arbitrariamente la política aceptada de precios energéticos sin ofrecer argumentos económicos, con el único fundamento de que el presidente del Gobierno se comprometió a no subir las tarifas por encima del IPC. Porque se corre el riesgo de que los compromisos políticos tropiecen catastróficamente con la realidad. Si el Gobierno quiere recuperar la credibilidad perdida en este lance, hará bien en explicar de qué modo y con qué calendario se recuperarán en la tarifa eléctrica los costes de la energía, y si además de compromisos numantinos tiene preparada una reforma del mercado eléctrico que garantice la competencia y precios transparentes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 30 de junio de 2007