Polonia pide reabrir el debate sobre lo pactado en la cumbre de Bruselas

Cada vez que uno de los gemelos Kaczynski abre la boca, Europa entra en pánico. Ayer, Bruselas y Varsovia anduvieron a la greña todo el día por unas palabras del primer ministro. Jaroslaw Kaczynski expresó su interpretación sobre la minoría de bloqueo que deberá precisarse en la Conferencia Intergubernamental (CIG), encargada de redactar el nuevo tratado de la UE acordado en la última cumbre celebrada en Bruselas.

Con su insólita dureza negociadora, sus posiciones ultraconservadoras y abiertamente homófobas y sus apelaciones a los seis millones de muertos que sufrió a manos de los nazis, Polonia se ha ganado a pulso el premio de miembro más incómodo de la UE. Aunque la canciller alemana Angela Merkel, y el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, han expresado la necesidad de ser comprensivos.

La nueva polémica surgió porque Varsovia avanzó su interpretación del sistema de bloqueo, que permitirá hasta 31 de marzo de 2017 a un pequeño grupo de Estados paralizar una decisión cuando alcancen el 75% de la población o al menos el 75% del número de Estados miembros para constituir una minoría de bloqueo. A partir del 1 de abril de 2017 este mecanismo se aplicará con un porcentaje del 55% población o Estados.

La cuestión está en cuánto puede durar la paralización. Varsovia interpretó que según el acuerdo de la cumbre la paralización puede durar dos años. Según Bruselas el plazo de paralización es lo que hay que precisar en la CIG, pero en todo caso es una demora "preventiva" y nunca puede ir más allá de la siguiente Cumbre, lo que reduce el tiempo a tres o cuatro meses.

Más allá del tecnicismo, la nueva disputa con los conservadores e infatigables dirigentes polacos puede ser una seria amenaza del nuevo clima de consenso alcanzado.

No obstante, a medida que la polémica fue subiendo de tono, Kaczynski pareció matizar sus palabras iniciales, y en una rueda de prensa dijo que no se trata de renegociar el acuerdo sino de "poner en el papel lo acordado sobre el derecho de voto".

El primer ministro añadió que la Conferencia Intergubernamental servirá para "hacer el ajuste fino" de lo acordado en Bruselas. En respuesta a esa frase, el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso dijo que "pueden ser discutidos los ajustes, pero nada que contradiga el acuerdo unánimemente firmado".

Sócrates toma el mando

"Debe ser un malentendido", señaló el primer ministro portugués, José Sócrates, que mañana asume el turno de la presidencia de la UE. "Yo estuve presente en el compromiso de Bruselas y todos saben muy bien qué fue lo que se acordó allí". Sócrates, que espera tener listo el Tratado de Lisboa en octubre, no quiso entrar a valorar las palabras de Kaczynski ni, menos aún, la idea de reabrir el melón negociador. A su lado, Hans-Gert Pöttering, presidente del Parlamento Europeo, no escondió su irritación y calificó como "inaceptable" que Polonia considere posible vetar durante dos años un acuerdo legislativo. "Eso es totalmente contradictorio con lo que firmó Polonia en Bruselas", dijo Pöttering.

Según se va viendo, la CIG que convocará Portugal el 23 de julio para ver aprobado el Tratado en octubre podría no ser el camino de rosas que muchos habían anunciado. Otros, con tanta experiencia como Javier Solana, han advertido ya que convertir el mandato en Tratado puede ser una tarea más difícil de lo previsto. "A la hora de poner las enmiendas negro sobre blanco siempre surgen cuestiones jurídicas difíciles, y es ahí donde un país que quiere poner dificultades puede dar guerra", había vaticinado la víspera el Alto Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad.

Otro de los asuntos más tirantes en la relación UE-Polonia es la cláusula de moralidad que Varsovia quiso incorporar al tratado. La Comisión Europea dijo ayer que está dispuesta a emplear todos los instrumentos legales de que dispone para prevenir posibles casos de homofobia en Polonia. La advertencia de la Comisión se detalla en la respuesta a una interpelación de dos eurodiputados socialistas españoles, Elena Valenciano y Carlos Carnero, que habían pedido su opinión sobre el proyecto de Ley barajado por el Gobierno polaco para despedir a los maestros que hagan gala de su condición homosexual, informa Efe.