Los ayuntamientos se quedan fuera del comité de los parques eólicos marinos

Ni las diputaciones ni los ayuntamientos formarán parte del comité de valoración de las solicitudes de parques eólicos marinos, según consta en el último borrador del Real Decreto con el que el Gobierno central regulará la instalación de molinos de viento en la costa. Este órgano tendrá miembros de los Ministerios de Industria y de Medio Ambiente y de las autonomías, pero no contará con las administraciones locales, tal y como habían reclamado las autoridades desde la provincia de Cádiz, donde se plantean varios de estos parques.

El Gobierno central ha explicado que la ley de evaluación ambiental, la 9/2006, ya regula la participación municipal en estos proyectos estatales.

El Ejecutivo tiene previsto aprobar el Real Decreto antes de que acabe este año. Según consta en el último borrador, estos parques tendrán una potencia mínima de 50 megawatios.

Las empresas tendrán que solicitar una reserva de zona ante la Dirección General de Política Energética, en la que se detallen la ubicación de la instalación, el objetivo, las condiciones de seguridad, la protección del medio ambiente y los criterios por su emplazamiento físico y el presupuesto. Será esta dirección general la que evalúe las áreas eólicas marinas, aquellas zonas donde se podrán instalar los molinos. Para ello el Ejecutivo se ha comprometido a realizar antes de 2008 un mapa con los lugares de la costa española donde se podrían ubicar los aerogeneradores.

En la provincia de Cádiz, donde las empresas han llegado a plantear hasta cinco parques eólicos marinos, el sector pesquero y los ayuntamientos afectados han rechazado la instalación de los molinos por los posibles perjuicios en su economía.

La evaluación de área eólica marina estimará la cantidad de energía máxima que se podrá evacuar y también las posibles incidencias negativas en el entorno, por lo que, según el Real Decreto, deberá medir las afecciones sobre la actividad pesquera, la flora y la fauna marina, las aves, la navegación marítima y aérea, el turismo y el patrimonio arqueológico, el suelo marino, la estabilidad de las costas, los recursos minerales, la seguridad y "cualquier otro aspecto que se considere de interés". El Ejecutivo trata de aplacar de esta forma los temores surgidos.

Si se aprueba la evaluación de área eólica marina, se abre un procedimiento de concurrencia para las empresas, que deberán depositar un 1% del presupuesto del proyecto como aval.

El alcalde de este municipio, Antonio Roldán, de IU, ha reclamado la plasmación de la participación municipal en este decreto. Las previsiones del Gobierno apuntan que no se podrá comenzar a plantear ningún proyecto antes de 2010.