El Congreso insta a que se respete en los juzgados el uso de lenguas oficiales

Antes de que se aprobara el Estatuto de Cataluña, la Ley del Poder Judicial ya reconocía el derecho de las partes personadas en un litigio a utilizar las lenguas cooficiales -en las comunidades que las tengan- en sus intervenciones ante el juzgado. Pero es un derecho que no siempre se respeta, según admiten todos los partidos. Por eso, la Comisión de Justicia del Congreso decidió ayer por unanimidad instar al Gobierno a que "impulse el cumplimiento" de esa ley y de lo previsto en los estatutos de autonomía.

"Si existe un ámbito donde la pluralidad lingüística presenta un déficit, ése es el ámbito judicial. El artículo 231 de la Ley del Poder Judicial es ignorado en muchas ocasiones", planteó el portavoz de CiU, Jordi Jané. Estuvieron de acuerdo el socialista Jordi Pedret -"el problema existe, hay un imperfecto cumplimiento de la legislación", dijo- y el diputado del PP Juan Manuel Albendea, quien subrayó que "la pluralidad lingüística de España nadie la discute". "De todas formas, los incumplimientos son puntuales", matizó el popular.

Albendea votó a favor de la propuesta de CiU, pero antes hizo un vano intento por cambiarla por otra "más práctica" en la que, en lugar de hablar genéricamente de "tomar medidas", se reclamara que los juzgados de comunidades con lengua propia cuenten con "traductores suficientes que permitan una fluida y correcta comunicación entre el tribunal y las partes, evitando cualquier posible indefensión".

"Redactarlo así me parece mucho más eficaz", opinó el diputado del PP. El nacionalista Jordi Jané, aun agradeciendo la aportación, le aclaró que no era eso realmente lo que perseguía su grupo. "No es tanto la falta de medios, se trata del modelo: aspiramos a que quienes sirven a la justicia en los territorios con lengua propia usen dicha lengua. Es pedagogía", explicó. Sin embargo, el artículo 231 de la Ley del Poder Judicial que esgrime CiU, si bien ampara a "las partes" en litigio para que usen la lengua que quieran, también establece que jueces, fiscales y funcionarios deben emplear el castellano, y que sólo pueden usar otra lengua "si ninguna de las partes se opusiere alegando desconocimiento".