Lucha por la 'tarta' de la Ley de Dependencia

La Ley de Protección de la Autonomía Personal y de las Personas en Situación de Dependencia ha desatado una enconada lucha entre el sector cooperativo y las grandes empresas multinacionales que operan en los servicios sociales. El objetivo no es otro que hacerse con el mayor trozo posible de una tarta que, sólo en Andalucía, va a repartir este año 128 millones de euros en el incremento de recursos y personal para atender a las 40.000 personas consideradas de gran dependencia en la comunidad. Las cooperativas defienden su papel social para reclamar que se les prime en los concursos de la Administración, pero las grandes empresas dicen que eso sería incurrir en competencia desleal.

El sector sociosanitario de las cooperativas andaluzas, que agrupa a más de 120 entidades que emplean a unas 7.000 personas, ha reclamado de la Administración un pacto por la dependencia en el que plantean la inclusión de cláusulas sociales en las concesiones administrativas que primen a las entidades a la hora de gestionar servicios como la ayuda a domicilio o las residencias o centros de estancia diurna para personas dependientes.

"El Estado del bienestar responde a los principios de solidaridad por el que se rige el mundo de la economía social, y las cooperativas son las entidades más idóneas para la prestación de servicios sociales, ya que su toma de decisiones se basan en la persona y no en el capital", apunta Andrés Rodríguez, presidente del sector sociosanitario de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (Faecta). A su juicio, el modelo utilizado en sectores como la educación, donde existen más de 200 cooperativas en Andalucía, puede servir como ejemplo para repetir la experiencia en el campo de la atención a dependientes.

La reacción de las cooperativas tiene su fundamento en la pérdida de peso específico que están sufriendo en los últimos años en el campo de los servicios sociales, frente a las grandes empresas multinacionales. Si hace una década, más del 50% de los centros de atención a personas dependientes estaba gestionado por entidades sociales, hoy están presentes en menos de un tercio. La última semana se ha conocido un nuevo caso donde se pone de manifiesto el poder las multinacionales. El Ayuntamiento de Granada ha adjudicado el servicio de ayuda a domicilio a la multinacional Clece -perteneciente al grupo ACS- porque su oferta había sido más barata que la de la cooperativa granadina Abenzonar, que llevaba 21 años gestionando esta prestación a más de 2.000 ancianos impedidos. Sin embargo, la oferta más barata se ha convertido ahora en la más cara, puesto que los usuarios del servicio van a tener que pagar casi un 20% más, una medida que ha sido duramente criticada por los grupos de la oposición del ayuntamiento granadino por entender que se ha "mercantilizado" con los mayores. No sólo el grupo ACS está apostando fuerte por los servicios sociales, también hay otras multinacionales como Sacyr Vallehermoso y otras entidades como Caja Madrid o Mapfre y hasta importantes grupos inmobiliarios.

"Primar a las cooperativas en los concursos públicos sería incurrir en competencia desleal, las empresas estamos más fiscalizadas y técnicamente estamos al mismo nivel, o incluso por encima, para prestar el servicio", señala una portavoz de la delegación andaluza de Clece, una multinacional que gestiona 16 contratos de ayuda a domicilio en Andalucía y seis centros de atención a mayores. Esta empresa, que se dedica también a la obra pública, la limpieza o la restauración de inmuebles, ha experimentado un crecimiento superior al 15% anual en la gestión de centros de mayores, y ya controla más de 3.500 plazas residenciales en toda España.

Tampoco los sindicatos permanecen ajenos al debate social de una Ley que, según los cálculos, generará cerca de 300.000 puestos de trabajo. Antonio Hurtado, de Comisiones Obreras en Jaén, apuesta por la calidad del empleo bajo la premisa de la estabilidad laboral y de los ratios de plantillas suficientes para prestar los servicios encomendados. Desde la Junta de Andalucía, que dispone de un teléfono de información (902 166 170) para atender todo tipo de consultas sobre la puesta en marcha del sistema de atención a la dependencia, se elude entrar en la controversia entre cooperativas y empresas. No obstante, entre las primeras hay confianza en que se haga valer el apartado de la Ley de la Dependencia donde se califica a las entidades sociales (entre ellas Cruz Roja y Cáritas) como el tercer sector en la aplicación y desarrollo de la norma.

Durante la última asamblea general de Faecta, la directora general de Personas Mayores de la Junta, Soledad Pérez, se brindó a firmar un convenio de colaboración con las cooperativas de servicios sociales para la aplicación de la Ley de Dependencia.