Políticas de vivienda a la contra

Esperanza Aguirre ha tomado posesión de la presidencia de la Comunidad de Madrid con un discurso autoproclamado liberal y la intención de convertir su mandato en el escaparate de lo que podría ser un Gobierno del Partido Popular en todo el país. Al margen de que su ejecutoria no acaba de confirmar ese empeño en presentarse como liberal, merece la pena mencionar la inconsistencia que se aprecian en sus propuestas de política económica para gobernar Madrid durante los próximos cuatro años y que se resumen en nuevas rebajas de impuestos -incluyendo la eliminación total o parcial del "anacrónico" impuesto sobre el patrimonio- y en un aumento de las desgravaciones tributarias concedidas por la adquisición de vivienda.

Subir la desgravación por vivienda parece una decisión irresponsable porque es lo contrario de lo que debe hacerse para bajar los precios de los pisos. Mientras el Gobierno intenta enfriar la demanda de vivienda rebajando su principal y poderoso incentivo, la desgravación en el IRPF, y sugiere que puede sustituirse por ayudas directas, el Gobierno de Madrid se dispone a apagar el incendio de los precios arrojando gasolina. Con esta decisión, el PP de Madrid conseguirá satisfacer a sus votantes, pero es seguro que estimulará la subida de los precios del metro cuadrado e impedirá que se alcance uno de los grandes objetivos de cualquier política de vivienda: permitir el acceso a ella, en propiedad o en alquiler, a los grupos de población con las rentas más bajas.

La avidez de la señora Aguirre por reducir los impuestos en su área de dominio autonómico es poco original; coincide con la desenvuelta irresponsabilidad fiscal que practican muchos gobiernos autonómicos. El Gobierno central corre con la impopularidad de la recaudación y las autonomías se dedican a presionar sobre la Administración para acrecentar su capacidad real de gasto, sin coste político alguno. En el caso de Madrid, nada impide a Esperanza Aguirre rebajar los impuestos a los madrileños; pero es una incongruencia peligrosa para el equilibrio presupuestario y social de la nación que, a continuación, se declare en estado de airada reclamación permanente de más fondos e inversiones procedentes del Presupuesto del Estado.

Todo lo anterior permite expresar serias dudas sobre el modelo de gestión de la Comunidad de Madrid. Desde luego, no contribuye a la cohesión fiscal del Estado, sino que parece en abierta confrontación con las decisiones económicas del Gobierno. Tampoco presta atención a los problemas reales de la ciudad y del espacio autonómico. Los servicios de transporte, vivienda, educación y seguridad son insuficientes para responder a las exigencias de una población creciente; basta comprobar, por ejemplo, el deterioro del metro. La presidenta de Madrid parece más preocupada por afianzar el discurso ideológico liberal que por acrecentar el capital de infraestructuras de la Comunidad.