Clamor empresarial contra la 'iaia'

Al frente del centenario hostal Jaumet y sus 17 habitaciones, al pie de la carretera de Barcelona a Andorra, en la entrada de la población de Torà, está el empresario Jaume Marimon. En el Parlament, le conocen. Marimon ha llevado en una decena de ocasiones a la cámara de la Ciutadella su cruzada particular contra una ley que se ha convertido en la auténtica bestia negra de los empresarios: la Ley de la Intervención Integral de la Administración Ambiental. Lo peor, la normativa medioambiental, corrobora continuamente Joan Torres, gerente de Modacolor, con sede en Terrassa, y socio de Cecot.

A esta ley -que Fomento del Trabajo, Cecot y Pimec consideran un claro ejemplo sobre los supuestos excesos del celo regulador de la Administración- se le llama impopularmente iaia, jugando con el sonido de sus siglas.

La norma, aprobada hace casi una década, bajo el Gobierno de CiU, surge de la adaptación de una directiva europea destinada a asegurar que se extremaran los controles sobre las empresas cuya actividad pudiera plantear mayores riesgos para el medio ambiente, como las petroquímicas, mineras y nucleares. Cataluña fue pionera en esta adaptación, pero para muchos empresarios pronto quedó claro que era imposible estar en la legalidad.

El Ejecutivo aprovechó la adaptación de la directiva europea para derogar el viejo sistema de permisos que necesitaba una empresa para operar (las licencias de actividad), para concentrar en la práctica en un único departamento, el de Medio Ambiente, y a través de una imprescindible autorización o licencia ambiental, el control de las licencias de actividad en un amplio abanico de sectores, clasificados según su grado de incidencia ambiental y sometidos a distintos regímenes de autorizaciones, licencias y comunicaciones.

La idea era intentar facilitar las cosas, pero la complejidad de la ley y de su cumplimiento es tal que, desde hace ya un año y medio, el propio Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, cuyo titular es Francesc Baltasar, admite que trabaja "para detectar los mayores problemas de aplicación con la idea de modificar la ley". El periodo de exposición pública del nuevo proyecto se espera para antes de agosto, explica esta consejería. Buena parte de las empresas que ya operaban acabaron obteniendo sucesivas moratorias en la aplicación, incapaces de cumplirla.

"Cada pocos años, debemos renovar la licencia. Pero formalmente se hace ante el Ayuntamiento. Y hay ayuntamientos que te obligan a renovarla y otros a los que les basta una notificación", se queja Marimon, blandiendo un grueso ejemplar del proyecto en la sede de Pimec. "Por ejemplo", sigue el empresario leridano, "por mucho que se cumpla la ley y por muchos controles periódicos que se superen, si cambia cualquier detalle de cualquier normativa en cinco años, el empresario queda en la ilegalidad si no cambia las cosas". De la piscina del hostal a las salidas para incendios.

"Las normativas se actualizan continuamente. No queremos lanzar el mensaje de que no hay que cumplir la ley, obviamente, pero cada cinco años no puedo estar cambiando los ascensores o las escaleras. Podrá hacerlo una gran empresa, pero a los pequeños nos matan", se queja Marimon, quien lamenta también la sucesión de empresas que, dice, intervienen en el proceso que garantiza que en un establecimiento no haya legionela o que el mantenimiento de un ascensor sea correcto.

"Paso los controles. Pero luego viene otra empresa homologada y me dice que tengo que tener teléfono en el ascensor conectado con el exterior porque así consta en el BOE. Y luego me tengo que enterar de que eso no necesariamente es así en los establecimientos públicos en los que hay alguien en la recepción 24 horas al día. ¡Ya está bien!", exclama.