Mayores con reparos

El aumento de la esperanza de vida es considerado uno de los principales indicadores de desarrollo económico y social. España ocupa un lugar privilegiado en esta estadística: los más de 36.000 españoles que cada mes cumplen 65 años tienen en estos momentos una expectativa de vida al jubilarse de 20,6 años los hombres y 16,7 las mujeres. Pero la esperanza de vida libre de incapacidad es bastante inferior: 12,6 años los hombres y 11,7 las mujeres. Eso quiere decir que millones de personas necesitarán ayuda en los últimos años de su vida. Ahora hay en España casi dos millones de octogenarios y el Libro Blanco de la dependencia estima que en 2010 habrá tres millones de personas en situación de dependencia.

Mientras el número de personas mayores de 65 años aumenta en cifras absolutas año tras año, su proporción ha disminuido entre 2004 y 2006 del 17% al 16,3%, y eso ha sido gracias a la inmigración. La llegada de inmigrantes jóvenes no sólo ha compensado el envejecimiento de la población sino que ha aportado un elemento esencial para el bienestar colectivo: un gran número de cuidadores que se han hecho cargo de la atención que los familiares de los ancianos no pueden (y a veces no quieren) asumir. Éste es un dato que la sociedad española no debería olvidar. Las muchas personas que se benefician del esfuerzo de estos trabajadores domésticos tienen razones para no considerar la inmigración como un problema.

El aumento de la esperanza de vida se produce en un momento de profundas transformaciones en las estructuras sociales de nuestro país. La tasa de actividad femenina ha crecido de forma espectacular en los últimos años y este factor, muy positivo desde el punto de vista de la equiparación de las mujeres, comporta una serie de consecuencias que la sociedad afronta con dificultad. Hasta ahora, la mayor parte de los cuidadores de ancianos y personas desvalidas han sido mujeres, muchas de ellas amas de casa ocupadas a tiempo completo en esta tarea. Pero la mayoría de las mujeres en edad productiva llevan ahora una vida tan activa como los hombres, y ni unas ni otros tienen la disponibilidad necesaria para hacerse cargo, aunque quieran, de las personas dependientes de su familia.

La aplicación de la Ley de Dependencia exigirá incorporar una gran cantidad de cuidadores a las redes asistenciales. Teniendo en cuenta esta apremiante realidad, se impone actuar en dos direcciones: evitar y perseguir las situaciones de explotación de estos trabajadores que tanto aportan al bienestar colectivo, y organizar sistemas de formación que garanticen un cuidado de calidad para las personas mayores.