Washington se plantea el cierre del campo de prisioneros de Guantánamo

La Administración de George W. Bush está considerando el cierre de Guantánamo, según fuentes oficiosas que cita la prensa estadounidense. La consecuencia más obvia de esta decisión sería la recolocación de los presos, por lo que Estados Unidos estaría ayudando a construir una cárcel en Afganistán para albergarlos, siempre según las mismas fuentes. El traslado de los detenidos en Guantánamo es uno de los mayores problemas a la hora de enfrentar el cierre, ya que si fueran distribuidos en prisiones de Estados Unidos se les tendría que conceder el habeas corpus, derecho del que ahora carecen.

Según informaba la agencia Associated Press, los administradores militares a cargo de Guantánamo iban a reunirse ayer para tratar el tema, pero decidieron prescindir de esa parte del orden del día cuando la prensa publicó la filtración. La reacción de la Casa Blanca no se hizo esperar. Gordon Johndroe, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, declaró que el tema no estaba en la agenda. "No hay una decisión inminente sobre el futuro de Guantánamo", dijo Johndroe. "El presidente ha expresado durante mucho tiempo su deseo de cerrar el centro de detención de la bahía de Guantánamo pero lo hará de forma responsable", declaró en el mismo sentido la portavoz de Bush, Dana Perino.

El presidente lo ha dicho en varias ocasiones. Ahora desea borrar una de las manchas más indelebles en la historia estadounidense. Hace un año anunció su anhelo de desmantelar el centro de detención. "Me gustaría cerrar Guantánamo", dijo el 14 de junio de 2006. ¿Pero qué hacer con las personas que son consideradas un peligro para la seguridad nacional?

El número es difícil de tragar: 375, según admite el Ejército. De los detenidos, 75 pueden ser repatriados después de que la Administración haya considerado que no son peligrosos. Otros 80 podrían enfrentarse a la justicia en cauces normales. Y 220 son considerados muy peligrosos. Y aquí está el problema. Estos 220 son los que podrían ser transferidos a cárceles militares, algo a lo que se opone frontalmente el vicepresidente Dick Cheney y el Departamento de Seguridad Interior. El motivo: la ley garantizaría a los detenidos el derecho de habeas corpus si entran en suelo estadounidense. Esto significa que podrían tomar acciones legales contra estas detenciones por considerarlas ilegales.

Sin embargo, a pesar de los rumores, el Pentágono anunció ayer el traslado de un nuevo detenido al campo de internamiento. Se trata de Haroon al Afghani, un comandante de un grupo radical de Afganistán, hasta ahora retenido por EE UU en este país.