El juzgado embarga a los gestores de Boliden para pagar a los acreedores

El Juzgado de lo Mercantil de Sevilla ha admitido el embargo del patrimonio de los responsables de la mala gestión de Boliden, la empresa sueca que explotaba la mina de Aznalcóllar que causó un vertido tóxico en el valle del Guadiamar en abril de 1998. Los administradores judiciales designados en el proceso de liquidación abierto por la compañía han pedido un embargo por valor de 141 millones para hacer frente a las deudas de la empresa.

La empresa Boliden presentó voluntariamente un proceso concursal en el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla en enero de 2005 y puso a disposición judicial todo su patrimonio para responder ante los acreedores. Entre ellos, la Junta de Andalucía, que reclama 90 millones de euros por los gastos que asumió el para restaurar la cuenca del Guadiamar tras el vertido tóxico.

Según fuentes judiciales, los administradores concursales designados en este proceso han determinado la existencia de "actuaciones irresponsables" por parte de los gestores de la empresa, por lo que han solicitado al juez que sean los gestores los que respondan con su propio patrimonio. El valor del embargo solicitado por los administradores y admitido por el juez asciende a 141 millones de euros.

La empresa difundió ayer la noticia a través de un comunicado, en el que anunció que recurrirá la resolución judicial. La compañía ha mantenido en los últimos años que no sufrirá daños financieros importantes como resultado de los procesos legales relacionados con del vertido, y ayer insistió en que el embargo no cambia esta perspectiva.

La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, consideró "muy positiva" la resolución judicial, que es "una llamada de atención" para todas las empresas que operan en Andalucía: "Cualquier empresa que cause un daño ambiental no puede irse de rositas", señaló Coves. La decisión del juez ha supuesto el gobierno andaluz una "satisfacción moral" porque, según la consejera, respalda la petición que ha planteado siempre la Junta para que se reconozca el parentesco entre la empresa sueca Boliden y su filial española Boliden-Apirsa, que decretó suspensión de pagos y no tiene patrimonio con el que hacer frente a sus deudas.

Según Coves, la resolución del juez significa que la matriz sueca ha fracasado en su intento de "eludir responsabilidades". Si ahora los administradores judiciales autorizan el embargo del patrimonio de los responsables de la Boliden sueca, la Junta estará más cerca de cobrar los 90 millones que reclama y que no podía pagar la filial española. "Nosotros siempre hemos dicho que íbamos a llegar hasta el final porque considerábamos que la central de Suecia es tan responsable como la filial española. Y eso es lo que ha hecho el juez de lo Mercantil: reconocer que se trata de una misma empresa", afirmó Coves.

La Junta estaba dispuesta a llevar el caso al tribunal internacional de Estrasburgo, pero, según la consejera, la resolución judicial que ayer se conoció "allana el camino" y va a evitar ese paso. La medida cautelar decretada en Sevilla es de obligado cumplimiento en Suecia, de acuerdo con la normativa europea.