El fiscal archiva los abusos falleros en Russafa pero indica que el ruido superaba lo permitido

Los excesos de la falla Sueca-Literato Azorín no son delito. Así lo ha entendido la Fiscalía de Valencia y por ello ha archivado las diligencias de investigación que abriera tras la denuncia presentada por varios vecinos. El pasado 9 de marzo, un grupo de vecinos de la zona de influencia de dicha falla puso en conocimiento de la Fiscalía la existencia de un depósito de combustible en la vía pública para alimentar generadores eléctricos con motivo de una instalación luminosa "de considerables dimensiones". Los vecinos cuestionaban la seguridad de esa instalación, advertían de los ruidos ensordecedores que provocaban los generadores, de las dificultades de acceso de los vehículos y de los materiales empleados para la construcción de los monumentos falleros.

Cumpliendo con los requerimientos de la Fiscalía, la Guardia Civil precintó los depósitos, declararon los vecinos, el ayuntamiento aportó las distintas autorizaciones con que contaba la falla para tal instalación y la compañía Iberdrola hizo lo propio, acompañando su documentación con los boletines de la Consejería de Industria que la amparan.

La consecuencia inmediata fue la desaparición de los depósitos del lugar de riesgo por la actuación de la Guardia Civil. Reconoce la Fiscalía que en efecto los ruidos que provocan esas instalaciones están por encima de lo legalmente establecido. Ahora bien, "no consta que ocasionaran un grave perjuicio en la salud de los vecinos". Y ese es el requisito para actuar penalmente.

Respecto de las dificultades de acceso, la Fiscalía considera en su decreto de archivo que "las limitaciones estaban autorizadas por el Ayuntamiento de Valencia y regulado su uso mediante actuación de la Policía Local".

La Fiscalía, además, no ha podido acreditar los materiales con los que se construyeron los monumentos falleros, por tanto, tampoco si son o no nocivos. Y, por último, el entramado de luces contaba con la correspondiente autorización administrativa.

Visto el asunto, la Fiscalía considera que "no revisten carácter de delito, aunque sí pueden serlo de una infracción administrativa por el exceso de ruido medido en el interior de los domicilios". El fiscal, pues, archiva las diligencias pero remite esas posibles infracciones administrativas a la Consejería de Territorio y Vivienda "a los efectos oportunos".