El Incasòl invierte en pisos sociales 530 millones de las fianzas de los alquileres
La promotora del Gobierno destina los depósitos a financiar viviendas y rehabilitación
El Incasòl, la promotora del Gobierno de la Generalitat, invierte la mayor parte del importe que los inquilinos depositan en concepto de fianzas de sus contratos de alquiler en promover viviendas protegidas también de alquiler, rehabilitar barrios y dar préstamos a las empresas que hacen pisos sociales. De los 714 millones de euros procedentes de fianzas que a finales del año pasado tenía depositados, 110 están en depósito por si hubiera que devolverlos, y los 604 restantes están invertidos en promoción y préstamos a promotoras públicas (531) y en rehabilitación (73).
Además de promover viviendas sociales, el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) es el depositario de las fianzas que cualquier ciudadano abona cuando alquila un piso. De hecho, los ciudadanos las depositan en las Cámaras de la Propiedad Urbana que hay por el territorio y, en virtud de un convenio, las gestiona el Incasòl. Sólo el año pasado, la empresa pública recibió en depósito 68 millones de euros. A finales de diciembre, el saldo total de depósitos ascendía a 714 millones. Un dineral si se tiene en cuenta que sólo en 2007 la inversión prevista por el organismo en promoción de vivienda y rehabilitación de barrios es de 191 millones de euros, según fuentes del propio Incasòl.
Tal y como contempla la ley, el Instituto Catalán del Suelo "debe destinar el importe de las fianzas que tenga en depósito a inversiones para la construcción pública de viviendas, con una atención especial a las promociones en régimen de alquiler, y a actuaciones directas en núcleos antiguos o sujetos a un proceso de renovación urbana". Siempre, dice la ley, reservando un mínimo del 10% del total para garantizar la devolución de fianzas si se producen cancelaciones en los contratos de arrendamiento.
Con esta premisa, los números son los que siguen. De los 714 totales, 110 están en depósito y los 604 restantes, invertidos en políticas de vivienda. De todas las inversiones es especialmente llamativa la que corresponde a viviendas de alquiler, 329 euros. Además, siguiendo la normativa, deben ser alquileres sociales para las población con las rentas más bajas.
Esta política refuerza la línea que persigue el Pacto por la Vivienda 2007-2016, que prevé que el 40% de las viviendas sociales que se construyan sean de alquiler.
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