El Gobierno refuerza la obligación de los perceptores de renta básica de buscar empleo

El II Plan de Inclusión Social para el periodo 2007-09 prestará especial atención a que los perceptores de las ayudas públicas -la renta básica, fundamentalmente- cumplan con su obligación de buscar trabajo e intentan acceder al mercado laboral a cambio de recibir el subsidio. El Gobierno aprobó ayer este II Plan, al que aportará 880 millones de euros. El 68% de ese dinero se destinará a la renta básica, de ahí la importancia de realizar un seguimiento de sus perceptores. Los ayuntamientos y diputaciones también forman parte de él, aunque de momento no han concretado su aportación económica.

El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, que es el que se encarga de elaborar y gestionar el Plan, ya cuenta con el respaldo del PSE, que lo garantizó dentro de un acuerdo más amplio sobre política social. Con este respaldo, el proyecto saldrá adelante en el Parlamento, tras recibir el visto bueno en el Consejo de Gobierno.

Este II Plan presenta algunas novedades con relación al primer plan (2003-05), especialmente por el énfasis que pone en la inserción laboral, directamente relacionada con la mejora de la red de prestaciones sociales. El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, resaltó que el acceso a un trabajo es la mejor receta contra la pobreza y la exclusión social. Además de ofrecer más salidas laborales a los perceptores de las ayudas, por medio de los convenios de inserción y las empresas que se dedican a facilitar trabajo a los ciudadanos más desfavorecidos, Azkarraga adelantó que su departamento vigilará de manera estricta que intentan lograr un empleo. "Hay que aumentar la vinculación entre la percepción de prestaciones y los procesos de inserción laboral para que el beneficiario de las ayudas se inserte en el mercado laboral".

El convenio de inserción es el instrumento que materializa el compromiso de un perceptor de la renta básica por encontrar un trabajo y no vivir perpetuamente de los subsidios. En esa especie de contrato, los perceptores de las ayudas, cuya financiación corresponde al Departamento de Justicia, se comprometen a intentar su incorporación al mercado laboral y a participar en los cursos de formación que sean necesarios para integrarse laboralmente. El objetivo es que los solicitantes no se limiten a cobrar un dinero, sino que se involucren en la búsqueda de soluciones.

Los beneficiarios pueden discutir los términos del convenio. En caso de negarse a suscribirlo, se arriesgan a perder el subsidio que cobran en la actualidad. Puede darse el caso de que se suprima la ayuda a la persona en proceso de inserción, de forma temporal o incluso definitiva. Los servicios sociales de ayuntamientos y diputaciones son los que realizan los convenios y se encargan de su puesta en práctica.

No perder el estímulo

El desarrollo de este control es especialmente apropiado en la comunidad autónoma, dado que cada vez hay menos diferencia entre la cuantía de la renta básica y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que asciende a 570 euros. La renta básica supone este año ya el 88% del SMI, con lo que se pueden generar distorsiones en la demanda de estas prestaciones y en el funcionamiento del mercado laboral. Se trata de que el perceptor de la renta básica no pierda el estímulo por buscar un empleo, ya que lo que percibe es casi equiparable al salario mínimo de un trabajador. Para garantizar la estrecha vinculación entre la percepción de la ayuda y la búsqueda efectiva de un trabajo, Azkarraga apuntó que "el Gobierno hará todo lo posible para que las instituciones encargadas de gestionar estos procesos de inserción laboral realicen un seguimiento y control continuo y exhaustivo".

Según los últimos datos del departamento, de los 31.700 perceptores del salario social, cerca de la mitad no están en condiciones de buscar trabajo debido a que son discapacitados o jubilados que cobran pensiones mínimas. Debido a esta circunstancia, los 5.000 convenios de inserción suscritos el año pasado operan sobre el otro 50%, es decir, sobre 16.000 perceptores. De esta forma, el porcentaje de convenios firmados sobre este número de beneficiarios es de un 30%.

El objetivo final del II Plan de Inclusión es situar los índices de pobreza por debajo del 3% de la población (3,5% en la actualidad). Como objetivos intermedios figuran los de mejorar la calidad y universalidad de la renta básica, las Ayudas de Emergencia Social y la nueva Prestación Complementaria de Vivienda. Para ello, se amplían las excepciones para los casos en los que se puede cobrar la renta básica con 18 años (los jóvenes tutelados por las diputaciones hasta esa edad) y se incrementa la cuantía de la renta básica hasta el 100% del SMI a los pensionistas que no lleguen, siempre y cuando no dispongan de más patrimonio.