Promotores, partidos y sindicatos quieren vincular el pacto a la ley de la vivienda

No dirán ni sí ni no al Pacto Nacional por la Vivienda sin debatir simultáneamente el texto de la Ley por el Derecho a la Vivienda que está en el Parlament. Tanto los partidos de la oposición como los promotores y los sindicatos CC OO y UGT supeditan el apoyo al pacto que busca soluciones al problema de la vivienda a cerrar los desacuerdos que mantienen con el texto de la ley. Mientras, el Parlament considera la posibilidad de adelantar el último pleno del curso del 25 al 18 de julio para incluir en la sesión el debate sobre la nueva ley.

La afirmación el pasado lunes por parte del consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, de que el pacto, que pilota la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, podría firmarse en 15 días podría resultar demasiado optimista. El consejero presentó el segundo borrador del pacto, que recoge el fruto del debate con los agentes sociales. Esta segunda versión presenta novedades e incorpora aportaciones, pero sigue sin detallar cuestiones clave como quién costeará y en qué porcentaje unas actuaciones que sólo en la movilización de suelo para 400.000 viviendas protegidas y la construcción de 160.000 suman casi 5.000 millones de euros.

CiU y PP coinciden en afirmar que de este borrador "esperaban más". Y, sobre todo, que su discusión debe hacerse en paralelo a la que se está haciendo en el Parlament con el proyecto de ley de la vivienda. "No pueden separarse", afirmaba ayer el diputado de CiU Carles Sala.

Ésta es una opinión coincidente con la diputada del PP Àngels Olano. "Hay asuntos de fondo y otros de forma y el tiempo para poder decidir las dos cosas, la ley y el pacto de modo que uno no diga lo contrario que la otra; es imprescindible".

Silencio en ICV y ERC

Los partidos de la oposición (los que apoyan al Gobierno, guardan silencio y cierran filas en torno al proyecto) recibieron ayer el segundo borrador. Sala está analizándolo. Olano, tras una primera lectura, cree que hay inconcreciones muy potentes, sobre todo al hablar de las poblaciones de la segunda corona metropolitana.

Los promotores inmobiliarios, que al comienzo rechazaron vincular la ley con el pacto, ayer cambiaron su posición. Josep Donés, secretario de la Federación Catalana de Promotores y Constructores, entidad que preside Enric Reyna, asegura que a pesar de que la asociación "está interesada en firmar" el documento, sus asociados "no entenderán" que lo hagan si la ley de vivienda incluye "ciertos artículos" como el alquiler forzoso. "No puede ser que vayan en paralelo", dice.

También los grandes sindicatos supeditan la firma de un texto al acuerdo de otro, pero desde distintas ópticas. El director de Servicios de CC OO, Jordi Llorens, celebra la "mejora en las inconcreciones" de la segunda versión del texto del pacto, pero es categórico en que, por su rango, "primero es la ley". "Son textos complementarios y podemos debatir el pacto, pero no lo firmaremos hasta que veamos la ley publicada en el DOG", afirma.

Desde UGT, su secretaria de política institucional, Eva Granados, se congratula de que el pacto incluya la creación de una comisión de seguimiento, pero recuerda: "el orden de los factores sí altera el producto". "Siempre hemos defendido que primero el pacto, y cuando haya un consenso, la ley", afirma. UGT espera que que haya margen de maniobra para negociar aspectos de la ley que, opina, "podrían no encajar con el contenido del acuerdo" y, además, apuesta por aumentar la proporción de pisos sociales en alquiler que prevé el pacto.

El Parlament trató ayer de un asunto que, de modo directo, afecta a la tramitación de la ley. La junta de portavoces puso sobre la mesa la posibilidad de adelantar el último pleno antes del verano, inicialmente previsto para el día 25 de julio. Ese pleno es, precisamente, el que debería servir para debatir y en su caso aprobar la ley de la vivienda. En principio el adelanto sería al 18 de julio, "siempre que hubiera material legislativo", según fuentes parlamentarias. Es decir, siempre que hubiera acuerdo sobre la ley o, en su defecto, la mayoría que apoya al Gobierno tripartito decidiera aprobarla sin la oposición, lo que en estos momentos no parece ser el caso.

Las principales novedades de la segunda versión del Pacto Nacional por la Vivienda son la creación de figuras de vivienda protegida inexistentes hasta ahora en Cataluña, como el alquiler con opción a compra como forma de animar a los promotores a levantar vivienda social; la cuantificación en 2.000 millones de euros del desembolso que habrá que hacer para comprar suelo, y la garantía de que los ayuntamientos tendrán ayudas para comprar suelo.