"Hubo una irresponsabilidad de quienes dirigían la política de seguridad", asegura uno de los acusadores

Los únicos responsables criminales del 11-M fueron los autores de los atentados, pero hubo "una irresponsabilidad de quienes dirigían la política de seguridad". Gonzalo Boyé, acusador en nombre de Angélica Jeria Cortés y su hijo Ignacio, menor de edad, arremetió contra los miembros del PP que gobernaban el día del mayor atentado de la historia de España, de quienes dijo que estaban tan pendientes de ETA que no pusieron ni medios, ni prestaron atención a la prevención de la amenaza ni a coordinar las fuerzas antiterroristas. En resumen: "Se lo pusimos fácil".

Boyé fue detallando durante más de dos horas las pruebas que, a su entender, hay contra cada uno de los acusados, especialmente contra Rabei Osman, Mohamed el Egipcio. A su entender, los autores del 11-M actuaron bajo "el paraguas ideológico" de Al Qaeda y utilizaron la participación de España en la guerra de Irak "sólo como excusa", pero nunca una justificación para algo que, ya antes, "querían hacer".

El letrado desgranó los elementos que le llevan a pensar que el Gobierno de José María Aznar y, sobre todo, su ministro del Interior en el 11-M, Ángel Acebes, incurrió en una "irresponsabilidad" antes de los atentados. "No había medios", arrancó, ni para controlar los explosivos en la cuenca minera asturiana, ni para adoptar medidas de prevención de atentados yihadistas, ni para coordinar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "No hubo conspiración; hubo falta de medios", precisó.

"Hubo errores acumulativos, falta de coordinación, falta de medios porque había un fallo importante en materia antiterrorista", subrayó Boyé. "Había una política de seguridad unidireccional", volcada en ETA, y "el problema del yihadismo no estaba debidamente controlado. No se tenía noción de lo que había que hacer con este problema". En una frase: "Teníamos dos problemas y sólo se veía uno". Y en otra: "Quien tenía que coordinar no lo hizo".

Como ejemplo de estos males puso a Agustín Díaz de Mera, el director general de la Policía en el 11-M, al que adjudicó uno de los mayores fallos. Boyé pidió que se deduzca testimonio contra el hoy eurodiputado del PP, pero por "falso testimonio", y no sólo por desobediencia grave al tribunal -por lo que será encausado en el Tribunal Supremo-, porque "mintió".

Boyé reservó una andanada para quienes "han perdido la vergüenza" en relación con el 11-M, para quienes han hecho de este atentado "un medio de vida", en referencia a los más conspicuos teóricos de la conspiración. La misma prédica la extendió para quienes han confundido la acusación con la defensa y piden una sentencia "que les venga bien políticamente".