El factor humano

El abogado Boyé no es un blandengue precisamente, pero algunos días, sentado al final de la sala, casi oculto por el resto de los abogados de la acusación, siente que sus ojos se humedecen y los deja hacer. Permite que su mirada se quede un rato en un hombre de pelo corto, pantalón vaquero y camisa a rayas que sigue el juicio cada día desde el mismo sitio, sin perder un detalle ni tampoco la compostura. Es el padre del acusado Iván Granados Peña, uno de los jóvenes de Avilés a los que Suárez Trashorras intentó captar para que transportaran los explosivos hasta Madrid. El abogado Gonzalo Boyé mira a ese hombre pero en realidad ve a otro.

-Ese hombre me recuerda a mi padre. Casi ciego por la diabetes, cogía un avión y se cruzaba el Atlántico para venir a visitarme. Mi padre nunca perdió su fe en mí.

Porque el abogado Gonzalo Boyé, de nacionalidad chilena, estuvo una larga temporada entre rejas. Un juzgado lo condenó -junto a dos miembros del MIR chileno- por pasar información a ETA sobre el industrial Emiliano Revilla, secuestrado en 1989. A Boyé lo interrogaron entonces policías de información que han venido a declarar a este juicio, y la fiscal Olga Sánchez lo acusó de prestar su propio coche para que otros siguieran a Revilla. Él siempre defendió su inocencia, pero fue condenado a 14 años, ocho meses y un día. Cuando se le pregunta por el día que entró en la cárcel, responde que su hija mayor tenía cuatro años y la pequeña seis meses, y que sin duda por eso decidió ponerle fecha de caducidad a su rabia.

-Sentí que me habían condenado injustamente, pero no se puede vivir eternamente enrabietado. Decidí estudiar Derecho y, cuando conseguí salir en tercer grado, trabajé repartiendo hielo de madrugada. Reuní algún dinero y me compré mi primer ordenador para ejercer de abogado.

Ayer, a eso de las cinco de la tarde, el abogado Boyé, que representa a una chilena cuyo marido murió en los trenes, se subió al estrado para defender sus conclusiones definitivas, pero para entonces ya habían pasado muchas cosas.

Por ejemplo, a media mañana, hubo un abogado que dio, por fin, en la clave del juicio.

-Al Qaeda no está aquí porque no está procesado Bin Laden.

Una vez descartado el terrorismo islamista, el mismo abogado se preguntó.

-¿Está ETA? Pues no lo sabemos porque no se ha investigado...

Así que, sin ver claro el asunto de Al Qaeda y esperando a que ETA aparezca de un momento a otro, el abogado fue tomando decisiones:

-Voy a retirar la acusación contra Jamal Zougam [al que varios testigos recuerdan haberlo visto en los trenes la mañana del 11 de marzo]. Los testigos tienen un problema (...). No creemos que alguien que está poniendo bombas pueda dedicarse a tropezar con la gente.

Así que Juan Carlos Rodríguez Segura -sí, habían acertado-, uno de los tres abogados de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, borró de su lista a Jamal Zougam, y éste, desde el otro lado del cristal blindado, le sonrió con gratitud, momento que recogieron las cámaras de la sala, extremo este que a algunos de los presentes, aunque ya sobradamente avisados, les volvió a provocar una sensación muy rara. ¿Un presunto terrorista agradecido a un abogado acusador? ¿Un abogado de la acusación dedicando el 90% de su alegato final a poner de vuelta y media a la fiscal, al juez instructor, a la policía?

-Felicidades, Juan Carlos, lo has hecho muy bien.

Cuando terminó su intervención, el abogado de la AVT fue calurosamente felicitado... por los abogados defensores.

Luego sucedió en la sala una de esas cosas que no se suelen ver en los telediarios. Un abogado al que apenas nadie conoce, en parte por su juventud y sobre todo porque no ha participado en conciliábulos extraños, sube al estrado para defender sus conclusiones definitivas. Habla en representación de una de las víctimas, Roberto Pericalli. Durante las 49 sesiones del juicio, ha preguntado cuando ha venido a cuento y se ha callado cuando así le convenía. Luego, colgaba la toga y se iba a su casa. Casi nadie sabía su nombre, pero ayer le tocó subir al estrado justo unos minutos después de que terminara Rodríguez Segura. La comparación resultó brutal. Un abogado con 18 años de trabajo a sus espaldas en la Audiencia Nacional -el propio Rodríguez Segura se encargó de explicar ese detalle de su currículo- buscando manos negras que ponen mochilas para derribar gobiernos al tiempo que retira la acusación de uno de los presuntos autores materiales de la matanza. Y otro, muy joven y muy digno, que presenta ante los magistrados un alegato impecable, bien trabado, repleto de datos pero a la vez ameno, sobrio pero sin olvidar a las víctimas y a la emoción que de su recuerdo emana. Ese abogado se llama Álvaro Sanz Marlasca. Y cuando terminó su alegato también fue felicitado, pero en esta ocasión por las víctimas y por los abogados que a ellas defienden. Sonrió, colgó su toga y se fue a su casa.

Más tarde llegó Boyé y se puso a defender el Estado de derecho. El mismo Estado de derecho que a él le condenó por un delito tan feo, el mismo que le permitió estudiar la carrera en la cárcel y ejercer después. El mismo que concede a Rodríguez Segura la libertad para decir las cosas que dice y para llevar en el reloj una banderita con el águila, el yugo y las flechas.