Lucha de competencias en Hacienda

Un conflicto de competencias laborales lleva años enquistado en la Agencia Tributaria. Los subinspectores de Hacienda reclaman que se cree para ellos una categoría laboral similar a la de los inspectores, que se niegan y piden más personal para formar equipos de inspección más efectivos. Para unos y otros, la consecuencia es menos eficiencia en la lucha contra el fraude fiscal.

El meollo de la disputa reside en que, según los subinspectores, parte de las funciones que realizan se atribuye nominalmente a los inspectores

Un total de 22 millones de euros puso sobre la mesa la Agencia Tributaria el pasado 16 de mayo para financiar la mejora de las condiciones laborales de sus funcionarios y poner en marcha un nuevo modelo de carrera profesional. Todos los sindicatos mayoritarios suscribieron el acuerdo, pero los dos colectivos de mayor rango de la agencia, los inspectores y los subinspectores, lo rechazan por insuficiente y por no atender a sus demandas.

El acuerdo debe sustanciarse antes del 15 de julio en una propuesta que elabora un grupo de trabajo creado expresamente para ello y afecta a los 28.000 empleados que prestan servicio en la Agencia Tributaria. De ellos, 6.134 corresponden a la categoría de técnicos de Hacienda, denominación con la que se designa a los subinspectores. Además, otros 1.800 están asignados a la plantilla del Ministerio de Economía y Hacienda, según el sindicato de los subinspectores Gestha.

Por su lado, el cuerpo de inspectores de la Agencia Tributaria lo componen un total de 1.536 funcionarios, según cifras de la otra parte enfrentada, la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado. El meollo de la disputa reside en que, según los subinspectores, parte de las funciones que realizan se atribuye nominalmente a los inspectores, aunque no intervengan en la práctica.

"No pretendemos que se nos equipare a los inspectores, sino que se cree un cuerpo superior técnico específico para los subinspectores, de categoría laboral A, con el que se nos reconozca las funciones que de facto llevamos a cabo, funciones que corresponden a un cuerpo que toma decisiones, y no meramente tramitador de las órdenes de otros, como en el que ahora estamos". Así se expresa José María Mollinedo, vicepresidente de Gestha, quien cuantifica en unos 13 millones de euros el coste que para la Administración tendría la creación de este nuevo cuerpo laboral. En su opinión, el principal beneficiado sería el propio Estado, ya que permitiría una mayor eficacia en la lucha contra el fraude fiscal.

Según Mollinedo, "los subinspectores supervisamos empresas con una facturación menor a 1,8 millones de euros anuales y el resto debería hacerlo los inspectores; el problema está en que éstos están ocupados en las empresas de más de seis millones de euros y queda prácticamente desatendido el tramo intermedio, las de 1,8 a 6 millones". Según sus cálculos, de las 60.000 pymes que componen ese tramo, unas 57.000 escapan a la inspección fiscal, ya que "solamente unos pocos inspectores que no hacen grandes empresas se dedican a unas 3.000 de facturación intermedia". Esta ineficiencia, en opinión del vicepresidente de Gestha, se acabaría con la creación del cuerpo superior de técnicos de Hacienda, lo que rechaza la Administración por "la presión corporativa que ejercen los inspectores".

José María Peláez, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, considera que tal ineficiencia tiene una solución muy distinta: ampliar el personal destinado a los equipos y unidades de inspección, empezando por la plantilla de los propios subinspectores, pero sin modificar el estatus laboral que tienen ahora. Su organización no considera imprescindible un aumento sustancial del cuerpo actual de inspectores pero, en cambio, sí reclama 1.800 nuevos subinspectores, 1.000 nuevos agentes tributarios y 1.000 nuevos auxiliares administrativos, tres cuerpos laborales que se encuentran sujetos a las órdenes de los inspectores. Son reivindicaciones que se remontan ya a un documento de hace un año y medio. La respuesta de la Agencia Tributaria ha sido sacar este año 83 plazas de inspectores (por 66 de 2006) y 500 de subinspectores (por 375 del pasado año), algo que Peláez ve como "insuficiente".

Este diario ha tenido acceso a sendas cartas que la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ha remitido al ministro Pedro Solbes y al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en las que les exponen las mejoras que en su opinión deberían acometerse en la Agencia Tributaria.

En la carta a Zapatero, de fecha 6 de marzo de 2007, los inspectores deploran que la sociedad les atribuya el fraude fiscal, sobre todo el ligado a la corrupción urbanística, y reclaman al Gobierno que atienda sus propuestas de incremento de plantilla, así como que se frene la limitación de competencias que sufrirán los inspectores si se aprueba el reglamento de la Ley General Tributaria. "En nuestro empeño por acabar con el fraude fiscal", exponen como conclusión, "si no se adoptan las medidas adecuadas, es nuestra obligación denunciar la situación a las instituciones europeas".

En la misiva remitida a Solbes el 10 de enero de 2007 lamentan que el sindicato de los subinspectores haya convencido a los grupos parlamentarios de la necesidad de crear un cuerpo laboral exclusivo para ellos. Esta tramitación, según José María Mollinedo, vicepresidente de Gestha, ha sido paralizada por el Grupo Socialista, inicialmente favorable, "ante el boicot y la presión ejercida por los inspectores, aunque creemos que con el tiempo acabará llevándose a cabo".