El Gobierno cambia la ley para perseguir fuera de España el tráfico ilegal de personas

El Gobierno remitirá a las Cortes un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas, según informó ayer el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Bermejo recordó que en la actualidad, los tribunales españoles no tienen jurisdicción extraterritorial para la instrucción y enjuiciamiento de este tipo de hechos, salvo si el tráfico de seres humanos detectado en aguas internacionales está orientado a la explotación sexual de los mismos, informa Efe.

Este proyecto modifica el epígrafe g del apartado 4, del artículo 23 de esta Ley, que quedará redactado de la siguiente forma: "Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española".

En concreto, se podrán perseguir los delitos de genocidio, terrorismo, piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves, falsificación de moneda extranjera, los relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces, el tráfico ilegal de drogas o inmigrantes y los delitos de mutilación genital femenina, (siempre que los responsables se encuentren en España) y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España.

Trato humano

Así, España podrá enjuiciar el tráfico clandestino de personas y dar el necesario trato humano a los inmigrantes y proteger plenamente sus derechos a la vista del flujo migratorio de nuestro país, que proviene, en gran medida, del notable aumento de las actividades de los grupos delictivos organizados, que día a día ponen en peligro su vida y su seguridad. Según el ministro, la regulación actual impide juzgar a los detenidos por tráfico de personas en aguas internacionales si la finalidad no era la explotación sexual.

"La mayoría de las víctimas no lo son para explotación sexual, lo que intentamos ahora es precisamente incluir entre los casos de extraterritorialidad a los que se dedican al tráfico y son cogidos fuera de nuestras aguas jurisdiccionales para poder enjuiciarlos aunque la finalidad del trafico no sea la explotación sexual", agregó.

Asimismo, el Consejo ha autorizado la firma de tres convenios con la República de Cabo Verde sobre asistencia judicial en materia penal, traslado de personas condenadas y extradición, así como un acuerdo marco de cooperación en materia de inmigración. La firma de este acuerdo se produce porque Cabo Verde es uno de los países incluidos en el Plan África 2006-2008, al ser origen y tránsito de inmigración irregular. El acuerdo aborda las migraciones entre España y Cabo Verde para combatir la inmigración ilegal y facilitar la repatriación de aquellos que estén de forma irregular.