Las pesquisas sobre policías se quedan en Málaga

El juez Torres pidió al grupo de blanqueo de capitales de Málaga que tuvieran especial "sigilo y reserva" en la investigación de una serie de anotaciones de supuestos pagos realizados por Juan Antonio Roca a cambio de información policial. En una providencia, Miguel Ángel Torres pide que se prohíba "la transmisión de cualquier información de los hechos" fuera del grupo investigador, salvo expresa autorización suya. A finales del pasado mayo, los dos principales investigadores del caso Malaya -dos inspectores que son los únicos policías que tienen contacto directo con el magistrado- presentaron un escrito renunciado a seguir en la investigación aduciendo "falta de apoyo" en la Dirección General de la Policía. Fuentes consultadas señalaron que el malestar se debe, en parte, a la incorporación al equipo de agentes "impuestos desde Madrid" para investigaciones sobre "personas delicadas". La renuncia no fue finalmente aceptada.

Las pesquisas sobre las que el juez exige absoluta reserva arrancaron a petición del fiscal tras hallarse en un trastero del ex asesor de Urbanismo unos cuadernos en los que Roca anota en diciembre de 2005 la previsión de pago de 200.000 euros a una persona de iniciales J.A.G. En un informe sobre el que ayer se levantó el secreto de sumario, el grupo de blanqueo deduce que la previsión de cobro se produce a favor de J.A.G. y que la persona que se parapeta tras las iniciales "conoce perfectamente la estructura policial".

Los investigadores creen que esta persona, todavía sin identificar, informó a Roca del nombre del futuro comisario de Marbella, Rafael de Paula García Vélez -sobre quien los investigadores trazan un extenso perfil policial-; del responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal; y de una tercera persona "que se correspondería con el jefe de la comisaría general de Seguridad Ciudadana".

El ex comisario del Cuerpo Nacional de Policía, Florencio San Agapito, acusado de fraude, cohecho, delito contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales, contó al juez Torres que, tras la detención del abogado Juan Hoffman creyó que podía estar siendo investigado y recurrió al comisario jefe de Policía Judicial, Juan Antonio González. "Le dije que había participado en una operación con Roca y que mi intención era venir a los juzgados (...) Pensé que tendría ciertos contactos y me podría facilitar el tener un día y una hora (para ir al juzgado)", mantuvo. San Agapito, que quedó en libertad tras pagar 500.000 euros de fianza, mantiene que habló con el jefe de la Policía Judicial de sus problemas en dos ocasiones: La primera tres o cuatro semanas antes de la detención y que la segunda vez, ante su insistencia, González le dijo "que no podía hacer nada". "Tengo cierta amistad con él y también le conozco por motivos profesionales", declaró San Agapito.