Los retos de la justicia
Hace escasas fechas hemos conocido cifras de la Justicia. De un lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo públicos los números de la anualidad pasada y de otro, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) daba cuenta, en sede parlamentaria, de los de la Justicia en nuestra comunidad. Ambas poco alentadoras sobre la marcha de la Administración de Justicia. Dos constantes: el incremento de la litigiosidad, (doce años atrás teníamos cinco millones de asuntos al año, hoy son ocho) y el incremento, igualmente, del "pendiente".
En todo el país, 2.400.000 asuntos, en Andalucía 400.000. Estos números ponen a prueba, otra vez, la capacidad de ensanche de nuestro sistema, lo que se traduce, además, en ineficacia e insatisfacción de los ciudadanos frente a la Justicia. Prueba de ello son los estudios de opinión, las quejas de los ciudadanos y el lugar en que sitúan a la Justicia. Me referiré a nuestro ámbito más cercano.
No me equivoco si digo que cada año nuestra Justicia resuelve más, pero no puede con el acumulado que también crece. Un particular análisis merece la jurisdicción contenciosa, que en nuestra comunidad autónoma ingresó, en sus 33 juzgados y en la última anualidad, 42.231 asuntos, un 68% más que el año anterior. Solamente pudieron resolverse 27.150 y el tiempo de respuesta superó los 23 meses. Son tendencias alcistas inequívocas.
Ya no sirve la receta simplista de más jueces y más juzgados, que tanto juego dio en el pasado. Las plantillas de jueces y magistrados han crecido notablemente, así como la de secretarios y fiscales, también la de funcionarios. Del mismo modo, año a año, se han constituido nuevos órganos judiciales que completan nuestra planta judicial. En Andalucía, en los últimos nueve años contamos con 132 nuevos juzgados, 47 plazas de magistrado y 10 nuevas secciones de Audiencia Provincial y unos incrementos presupuestarios muy notables. Este 2007 se prevén otras 24 plazas de jueces y magistrados. Pese a ese enorme esfuerzo, la situación del sector Justicia lejos de mejorar, y siendo optimistas, se estanca, pero en ningún caso alcanza niveles óptimos de eficacia y eficiencia.
Vivimos una fuerte crisis del modelo institucional de gestión de la Administración de Justicia que reclama además de aportes cuantitativos y recursos humanos, y con toda urgencia, una nueva manera de conjugarlos. Estamos en condiciones de expresar que el aumento sistemático de todos los parámetros que inciden en la Administración de Justicia (más jueces, más fiscales, más órganos...) servirá para que la situación no empeore, pero dista mucho de ser el único cauce de resolución de los problemas. Es precisa una redefinición del modelo mismo, incluida la oficina judicial, que nos permita abordar la Justicia del siglo XXI en términos de modernidad, agilidad, flexibilidad y seguridad jurídica. Somos, con el modelo actual, incapaces de superar esa barrera de pendencia.
Es tiempo de potenciar los ejes de la reforma de la Justicia que no son otros que los marcados por la Constitución española y los Estatutos y aquí el nuestro ha sido ambicioso, otorgándonos a los andaluces un Título enteramente dedicado al Poder Judicial en Andalucía. Cierto es que no pocas de sus previsiones, las de más hondo calado, precisan del desarrollo orgánico, ahora en tramitación.
Es hora de que nuestro Tribunal Supremo sea el gran unificador de doctrina que reclama la Constitución. Lo es también, como subraya el nuevo Estatuto, que el Tribunal Superior de Justicia sea, con plena efectividad, la última instancia jurisdiccional de todos los procesos judiciales iniciados en la comunidad autónoma. La norma institucional básica también incorpora su opción en áreas tan puntuales como el Consejo de Justicia de Andalucía, la Justicia de paz o la de proximidad. Junto a ello se añade una ampliación de las competencias ya existentes.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en tramitación parlamentaria, opta por un modelo novedoso creando los Consejos de Justicia como órganos colegiados, sustitutivos de las Salas de Gobierno. Son órganos que asumen, por vía de la delegación, funciones del gobierno del Poder Judicial. El sistema, y no lo digo peyorativamente, es ventajista. Lo que se hace es aprovechar un modelo de gobierno cuyo funcionamiento tiene pleno reconocimiento desde todos los sectores potenciándolo, siendo muy interesante en lo que de participación externa y de implicación autonómica supone. Sobre la Justicia de proximidad y la de Paz algo habrá que hacer para crear una justicia titular en el primer escalón jurisdiccional que pueda dar respuesta a un volumen de asuntos como los señalados y superar el coste de una Justicia interina que alcanza en el territorio nacional los 36 millones de euros.
Los caminos precisan de concreción y sólo será válido aquel que con respecto al texto constitucional y estatutario encamine sus energías en potenciar el papel unificador de la doctrina del Tribunal Supremo, evite la imprevisibilidad de las resoluciones judiciales, permita a los Tribunales Superiores de Justicia culminar la organización judicial en el ámbito territorial de las diferentes comunidades autónomas haciendo a éstas más protagonistas de sus competencias y donde el Consejo General del Poder Judicial adecue su entramado organizativo con respeto a la estructuración autonómica del Estado.
Juan Carlos Campo Moreno es vocal del Consejo General del Poder Judicial
